Hacía seis meses que Eva (nombre ficticio) se había reincorporado a su puesto de trabajo tras un año de baja cuando el estado de alarma la mandó de nuevo a casa. Divorciada y madre de dos hijos, los 700 euros que cobraba con pagas prorrateadas con el peso de una hipoteca y un préstamo, raramente alcanzaban entonces para llevar una vida holgada y sin apuros.

Ahora, tras un ERTE que todavía no ha podido cobrar y una serie de vaivenes con su empresa, Eva teme, más que nunca, por su porvenir y el de sus hijos. "Me encuentro con grandes problemas económicos. Al principio, la empresa propuso un ERE extintivo, luego accedió a un ERTE con efecto retroactivo, pero aún no está tramitado y seguimos esperando para cobrar", resume ella.

El suyo es uno de los testimonios que se esconden tras las estadísticas recogidas por la ONG Igaxes, dedicada al futuro de la infancia y la adolescencia en situación vulnerable. La entidad publicaba, hace dos semanas, un informe que no deja lugar a dudas con respecto a quién se llevará, en los meses venideros, la peor parte de la crisis que se avecina. Serán los de siempre.

Según los datos del escrito, seis de cada diez hogares con niños que subsistían en condiciones precarias de forma previa a la crisis del coronavirus, verán agravada su situación en los tiempos que vendrán. El de Eva es uno de ellos. La incertidumbre que caracterizó los meses que quedan atrás es el único elemento seguro en los futuros.

"Tuve miedo a no ser capaz de alimentar a mis hijos", zanja, sin paliativos. Aunque los abuelos arrimaron el hombro al principio, sus propias cargas económicas les impidieron prestar más ayuda. "Su situación no es desahogada, fue lo básico para recibos prioritarios y una compra grande, de forma excepcional", añade.

Eva, por su parte, no se quedó quieta y pronto empezó a tocar puertas: la del Concello, primero, a quien agradece rapidez en la reacción y el cariño de los responsables de Servicios Sociales. "Ofrecieron ayuda semanal en frescos: verduras, frutas, lácteos y embutido. Me sorprendió gratamente cómo nos cuidan a las familias que pasamos esta crisis en situación vulnerable", reconoce. Luego, la de Igaxes, de quien recibió una ayuda única de 100 euros con la que pudo hacer frente a algunos gastos.

Con la situación de la empresa en el aire, ya que el cierre es una posibilidad sobre la mesa en función de cómo avance la crisis, Eva prefiere no pensar en la posibilidad de un rebrote de Covid-19 que aboque a la sociedad a un nuevo confinamiento. Al tiempo que tramita la prestación por hijos menores a cargo, y tras solicitar el bono social eléctrico, aguarda con inquietud a que el SEPE se descolapse y pueda cobrar los atrasos. No solo eso. "Tendrían que revisarse los convenios de aquellos colectivos que cobran un salario indigno, en los que me incluyo", propone.

Iniciativas como el ingreso mínimo vital, de reciente aprobación, pueden suponer un soplo de aire para las familias que, como la de Eva, estén pasando por apuros para cubrir sus necesidades básicas. "Con contratos precarios no se puede mantener a una familia", apunta. Para Eva, una renta básica como complemento a sueldos bajos o dirigida a personas en situación de desempleo supondría un cambio sustancial en la calidad de vida de muchos hogares. "Y, por tanto, de la sociedad", añade.

Coincide con ella, en este punto, Laura García. Pertenece a otro de los colectivos cuyas expectativas se han visto más afectadas por la crisis del coronavirus: la juventud tutelada y ex tutelada por la Xunta, cuya inserción laboral y consiguiente emancipación se verá especialmente comprometida por los tiempos de crisis. Según el informe publicado por Igaxes, un 91,48% de la juventud en exclusión se ha quedado en la calle debido al efecto pernicioso del confinamiento sobre la economía.

Afortunadamente, no es su caso: a pesar de haber tenido que acogerse un ERTE en el local de hostelería en el que trabajaba como indefinida desde hacía un año, Laura García tiene sus necesidades cubiertas por ahora, y ha podido pagar el alquiler y hacer frente a los gastos. Sabe, no obstante, que su situación no es paradigma. "Yo tuve suerte, en este caso, porque tengo trabajo y soy ahorradora, pero hay mucha gente, como los jóvenes tutelados extranjeros, que lo va a tener muy difícil para encontrar trabajo", afirma.

Aunque ha podido cobrar el ERTE de forma puntual, y dispone de cierto colchón para hacer frente a algún gasto inesperado, no oculta cierta preocupación al pensar en el mañana. Su gremio, la hostelería, hace frente a uno de sus peores momentos, y, aunque a priori no tiene motivos para ver peligrar su puesto de trabajo, es inevitable cierta inquietud: "Me preocupa que haya un rebrote más adelante y les vaya mal. Ahora no es el caso, pero quién sabe".

Una preocupación compartida por Igaxes y otras asociaciones de protección de la juventud en exclusión, que ven peligrar la salud de los sectores clave para la inserción laboral de este colectivo, como son la hostelería o el comercio, a la cabeza en la destrucción de empleo de los meses pasados.