El Defensor del Pueblo advierte de "dificultades para acceder al procedimiento de asilo" en la comisaría de Extranjería y Fronteras de A Coruña. Durante 2019, como expone en un informe, y ante las interminables colas para hacer trámites, muchos ciudadanos tuvieron que "pernoctar en las afueras de las comisarías para poder obtener una cita para formalizar la solicitud". De hecho, la Policía Nacional llegó a detectar reventa de turnos por veinte euros a las puertas de la oficina de la avenida do Porto.

Ante las quejas de los ciudadanos y las constantes denuncias de los sindicatos policiales, el 091 habilitó en noviembre del año pasado el sistema de cita previa, con el fin de evitar las colas. "También se hicieron movimientos de personal y un porcentaje muy alto de agentes fueron destinados a atender las peticiones de asilo, ya que había muchas esperas", explica la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sandra Castro, quien asegura que la cita previa, que se solicita de forma telemática, ayudó a que "hubiese menos colas". "Aunque casi siempre hay que esperar porque son procesos muy largos", apunta.

Lo que le preocupa ahora es el parón por el coronavirus. "Las oficinas se cerraron el 14 de marzo y no se volvieron a abrir salvo para casos urgentes. Se espera que vuelva a haber colas cuando se retome la actividad" avanza. De momento, las oficinas siguen cerradas, aunque se espera que vuelvan a abrir en los próximos días. "Llevamos un parón de dos meses y medio. Veremos como va todo", indica Sandra Castro.

El Defensor del Pueblo alerta también de que en provincias como A Coruña las citas para Extranjería "se asignan para meses o, incluso, un año después". Unos retrasos que hacen que se "incumpla sistemáticamente el plazo establecido en la Directiva de Procedimientos de 2013: tres días hábiles para registrar la solicitud, si es ante autoridad competente, y un máximo de seis días hábiles, si no ostenta la competencia". El informe denuncia que "tampoco se está facilitando que la persona que haya formulado una solicitud de protección internacional pueda presentarla lo antes posible, tal y como señala la directiva".

El problema viene de lejos. El Defensor del Pueblo ya solicitó mejoras para estos trámites en 2018 a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y al Ministerio del Interior, Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a los que trasladó su preocupación por otra serie de carencias relacionadas con el procedimiento. "Pese a haber transcurrido más de un año, no se ha recibido aún respuesta", lamenta en el informe.

La situación se repite, como revela el Defensor del Pueblo, en otras muchas ciudades. Durante el año pasado, aumentaron las quejas referidas al sistema de protección internacional en España y el acceso a procedimientos. En números, España duplicó en 2019 las solicitudes recibas en 2018, pasando de 54.000 a 118.200. Afectados por las esperas que han acudido en varias ocasiones a la comisaría de A Coruña para tratar de ser atendidos señalaron en 2019 a este periódico que los funcionarios policiales han pasado de atender 50 servicios a 30, hasta reducirlos ahora a 15 cuando se trata de una renovación y nueve si es una petición.