Las medidas del plan municipal de choque contra la pandemia podrán entrar en vigor de un modo más rápido de lo habitual, ya que la modificación del presupuesto aprobada ayer se efectuará siguiendo la vía que permite la Ley de Haciendas Locales para casos de calamidades públicas, según detalló ayer el concejal de Facenda, José Manuel Lage. Este sistema dejará tan solo ocho días para presentar reclamaciones al acuerdo adoptado ayer y reducirá en un mes los plazos normales. Los trece millones que componen el cambio presupuestario proceden de 8,9 millones en partidas anuladas en las cuentas de este año y de 4,2 millones del remanente de tesorería, cantidad no gastadas en el ejercicio anterior.
Ayudas para el pago de cuotas de la Seguridad Social de empresas y autónomos, subvenciones para abonar alquileres de locales, bonos por compras en comercios y hostelería, ayudas para adaptar locales a las nuevas exigencias sanitarias, subvenciones para el pago de intereses de créditos, apoyo a la transformación digital y al sector cultural, una bolsa de locales comerciales en alquiler, incentivos a la contratación, así como el refuerzo de programas sociales del Concello como los de emergencia social, renta social, canguros, acompañamiento a mayores y bolsa de vivienda en alquiler conforman este plan.
Los grupos municipales alertaron ayer de que para que estas medidas se pongan en marcha es preciso que se elaboren cuanto antes las bases de las diferentes convocatorias, tarea sobre la que Lage anunció que se realizará este mes y en la que se contará con todas las fuerzas políticas del Concello, a las que agradeció, al igual que la alcaldesa, Inés Rey, su colaboración en la confección del plan a pesar de las discrepancias ideológicas. "Hoy A Coruña es un ejemplo", proclamó Lage, quien alabó la "altura de miras" de la oposición.
En respuesta a la exigencia del BNG de una tutela municipal sobre el programa de bonos para fomentar el consumo en el comercio y la hostelería, Lage respondió que habrá un control de esa iniciativa y que sus beneficiarios serán todos los establecimientos y no solo aquellos que estén asociados a las entidades privadas que los gestionarán.
