La Universidade da Coruña (UDC) se comprometió a pagar 260.000 euros anuales a Defensa por el uso de unos 128.000 metros cuadrados de la antigua fábrica de armas en los que instalará la Ciudad de las TIC. El rector, Julio Abalde, manifestó al Concello a inicios del mes de febrero que la suma empezaría a abonarse en el quinto año de la concesión, que se firmó el 18 de ese mes. Sin embargo, el pliego de condiciones de la concesión, al que ha tenido acceso a este diario, establece explícitamente que "no hay exención de pago", sino que se permitirá a la UDC durante los cuatro primeros años deducir del canon el coste de las obras que realice en las instalaciones, en concreto, aquellas que se refieran a "obras de rehabilitación, mantenimiento, etc.", siempre que estén debidamente justificadas.
El matiz es lo suficientemente relevante para que el pliego de condiciones entienda que es necesario "aclarar" las condiciones de abono del canon "expresamente". Si la inversión anual de la Universidade da Coruña no llega a los 260.000 euros tendrá que pagar a Defensa la cifra restante, y si los supera, que, según el convenio, es "lo previsible", no se compensará a la UDC ni se le hará descuento en años posteriores. A partir del quinto año, tendrá que pagar el canon íntegro, "dando igual" que se sigan realizando inversiones.
Estos gastos deben justificarse documentalmente ante una comisión mixta, formada por el Delegado de Defensa en Galicia, dos representantes de la entidad académica coruñesa y el gestor del área de Patrimonio e Inspección Industrial de A Coruña.
Por la naturaleza del proyecto se precisan inversiones amplias, por lo que, como señala el texto, es probable que en la Ciudad de las TIC se realizará una inversión de 50 millones de euros, para urbanizar los terrenos, favorecer las conexiones viarias y mejorar los equipamientos ya existentes, pues el terreno cedido a la UDC cuenta con unos 30.000 metros cuadrados edificados. La institución educativa cuenta con conseguir inversión pública y privada para financiarlas.
El canon de 260.000 euros es superior por 10.000 al que se comprometió a abonar la anterior concesionaria, Hércules de Armamento, si bien esta empresa no lo pagó de 2016 en adelante. Es una cifra inicial, ya que se podrá actualizar anualmente, y se deberá abonar al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), encargado de gestionar los inmuebles el ministerio. Además, en caso de que se prorrogue la concesión, Defensa podrá "establecer un incremento" de la cuantía. ¿De cuánto? Según el convenio, el encargado de auditar la cantidad será un informe pericial elaborado por el propio Invied.
Según se había adelantado, la concesión se realiza a la UDC por 25 años, prorrogables lustro a lustro hasta los 50. Sin embargo, el convenio fija como objetivo la transmisión de terreno a la UDC antes de ese plazo. Así, establece que, después de cinco años de negociación, la UDC se "compromete" a iniciar negociaciones para comprar la propiedad, al precio que en ese momento tase el Invied, que a su vez acuerda no incrementar el monto por las inversiones y mejoras que haga la Universidad.
Si la UDC compra las instalaciones antes de diez años del inicio de la concesión (es decir, antes del 18 de febrero de 2030), se le permitirá deducir del precio una cuarta parte de la "cantidad líquida" que haya abonado en concepto de pago hasta entonces. Si lo hace después, no se le permitirá esta opción.
Permiso para obras
El pliego de condiciones establece una serie de condiciones para blindar los derechos de Defensa y eximir a la Administración central de gastos y responsabilidades. Entre estos, se encuentra que el ministerio tiene que dar su conformidad para las obras nuevas o sobre el vuelo y el subsuelo de los inmuebles. Quedan exentos de este permiso previo las que sean de "mejora, rehabilitación, mantenimiento y reparación" de instalaciones o edificios que ya existan. Defensa también puede requerir a la Universidad para que haga reparaciones en los inmuebles.
Además, si se extingue la concesión sin que la Universidad haya comprado los terrenos, el fruto de las obras revertirá "gratuitamente y libres de cargas y gravámenes" a la Administración General del Estado. También podría asumir de nuevo el uso y la explotación de los inmuebles "en caso de emergencia o de interés para la Defensa Nacional", aunque en ese caso tendría que pagar una indemnización.
En el apartado económico, los pliegos indican que todas las inversiones, gastos, impuestos y tasas correrán a cargo de la concesionaria. El ministerio también se ha asegurado de indicar que el Gobierno central no asumirá, cuando acabe la concesión, los contratos de trabajo del personal que trabaje en las instalaciones.
Zona de seguridad
Mientras la Universidade da Coruña no compre los terrenos, seguirán teniendo una zona de seguridad, como la que corresponde a las instalaciones según la Ley 8/1975. Así, sigue habiendo una zona de seguridad en torno a las instalaciones. Si la UDC se hace con la propiedad, esta podrá derogarse.
Antes del 18 de febrero de 2021, la UDC debe presentar un plan sobre lo que pretende hacer con las instalaciones: el plan de mercado en relación a los proyectos, el plan de viabilidad económico financiero y la cantidad de puestos de trabajo que creará en los terrenos y en el resto de Galicia.
