Los técnicos de la concejalía de Benestar Social evalúan todavía el impacto que tendrá la puesta en marcha por el Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital sobre la Renta Social Municipal coruñesa, pero tras un primer examen de la normativa publica en el Boletín Oficial del Estado y a la espera de un informe jurídico sobre la misma, se estima que la prestación que concede el Concello coruñés acabará siendo una salida para quienes no puedan acceder a la estatal.

Un análisis en profundidad del Ingreso Mínimo Vital deberá determinar si es posible compatibilizarlo con la Renta Social Municipal, ya que el reglamento del primero hace posible recibir otras prestaciones. Pero el de la segunda no permite cobrarla si se perciben 461 euros al mes, cantidad que se corresponde con una mensualidad de una pensión no contributiva.

"El resultado va a ser que la renta va a llegar a donde no llegan la Risga o el Ingreso Mínimo Vital", explica la concejala de Benestar Social, Yoya Neira, quien calcula que los extranjeros en situación irregular y los jóvenes de 18 a 23 años sin hijos, que no pueden solicitar las prestaciones autonómica y estatal, acudan a la Renta Social Municipal.

La normativa sobre la prestación municipal tan solo exige a los inmigrantes sin papeles que acredite una estancia mínima de seis meses en A Coruña, mientras que el Ingreso Mínimo Vital reclama no solo que disponga de la residencia legal en España, sino también que lleve al menos un año en el país. La prestación estatal establece además los 23 años como edad mínima para que pueda ser solicitada con el fin de no incentivar el abandono escolar y solo admite que se pida desde los 18 años si el solicitante tiene hijos a su cargo.

La Renta Social fue concebida en 2016 como una prestación subsidiaria de las que conceden otras administraciones, por lo que no puede recibirse si ya se es beneficiario de la Risga y, en principio, tampoco podría hacerse si se percibe el Ingreso Mínimo Vital. Pero el hecho de que este último admita la posibilidad de ser complementado con otras ayudas hará necesario un análisis exhaustivo de este aspecto. "Esperaremos a ver cómo se desarrolla en su tramitación y estudiaremos cómo se encaja en nuestro sistema de prestaciones", manifiesta Neira.

Solo el hecho de tener opción a recibir la Risga ya incapacita a una persona para recibir la Renta Social, circunstancia que debe definirse ahora también con el Ingreso Mínimo Vital. El establecimiento de la percepción mínima de esa prestación en 462 euros, cuando la de la Renta Social es este año de 548,6 -cantidad que se corresponde con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)- podría animar a muchos a solicitar la municipal por tener una mayor cuantía, pero ahora deberá aclararse si es factible cuando se cumplen los requisitos para recibir la estatal.

El Concello mantiene activas en este momento 193 rentas sociales, de las que 91 se concedieron entre los meses de enero y abril, ya que el resto proceden del año anterior. Este mes se abonará una decena más y están pendientes de resolver otras 45. Durante el pasado ejercicio el número de rentas fue más elevado. Según al concejalía, las cifras fluctúan en función de que los beneficiarios encuentren un empleo o incumplan las condiciones establecidas. A finales del año pasado, perceptores y solicitantes denunciaron retrasos.

La aguda crisis económica que sufre el país por la pandemia hace previsible una elevada presentación de solicitudes de la Renta Social Municipal para atender las graves situaciones de necesidad que padece un gran número de familias, pero el lanzamiento por el Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital a partir de junio concentrará parte de las peticiones en la nueva prestación.