La sentencia millonaria por las expropiaciones del Castro de Elviña entre los años 2002 y 2005 ha hecho al Concello saltarse la regla de gasto en 2019. El interventor recuerda, en el informe que acompaña al cambio de presupuesto aprobado esta semana, que la Xunta, como órgano de tutela financiera, ha instado a los responsables municipales a adoptar decisiones para asegurar la correcta observación de la normativa. Lo confirmó ayer a este diario la Consellería de Facenda, que explica que fue el propio Ayuntamiento coruñés quien le informó de que no podría ajustarse a lo ordenado por el cómputo sobrevenido de las compensaciones del fallo urbanístico.
El incumplimiento se arrastra desde 2018. Como recuerda también Facenda, el Concello tuvo que aprobar en julio de 2019 un plan económico-financiero (PEF) por saltarse la regla de gasto. Era un incumplimiento circunstancial: el Ejecutivo anterior usó remanente de tesorería para gastos del Concello, el IMCE, el Consorcio para la Promoción de la Música y el de Turismo, por 2,6 millones de euros, una posibilidad de financiación que se permite "específicamente" en la normativa de las haciendas locales pero que, sin embargo, "no está recogida en la normativa reguladora de estabilidad presupuestaria" en la que los cálculos de la regla de gasto se realizan como lo hacen las administraciones estatales, según recoge el expediente del mismo PEF.
Al reconocerse como "una situación coyuntural" por existir esa cantidad ahorrada del ejercicio anterior, según el mismo expediente, se trata de un plan "sin medidas a adoptar" ya que se trata "simplemente de viabilizar la ejecución del gasto al cumplimiento de la regla". "Las estimaciones de su ejecución indican que es posible su cumplimiento en los plazos exigidos por la ley", añade. El documento de control de gasto, que se tiene que aplicar durante los ejercicios de 2019 y 2020, fue aprobado por la Xunta en septiembre del pasado año, confirma el Gobierno gallego, "en el ejercicio de las competencias de tutela financiera" que ostenta.
La Consellería de Facenda relata que el Concello informó a la Xunta de que, en el ejercicio 2019, "no cumplió el objetivo de regla de gasto fijado en el PEF por hacer frente a unas expropiaciones del Castro de Elviña", en referencia a la sentencia que obliga a abonar 12 millones de euros por el justiprecio y los intereses. "Ante esto", informa Facenda, "lo que hace la Xunta es recordarle al Concello que, según establece la ley, deberá adoptar las medidas que considere precisas para cumplir los objetivos fijados en su PEF". Aclara, por tanto, que la Xunta "ni sanciona ni exige nada", sino que traslada al Concello lo que establece la ley "porque en eso consiste la tutela financiera de las entidades locales".
Al finalizar 2020
El expediente del plan financiero aprobado en julio preveía, además, cómo tendría que ser la regla de gasto para 2019 y 2020. De acuerdo con el informe de Intervención Xeral y dada la situación contable después de 2018, tanto el Concello como el IMCE, que tenían en aquel momento sus presupuestos prorrogados, podrían volver a usar este método de financiación (con el remanente de tesorería) si necesitan modificar el presupuesto hasta una cantidad de 2,9 millones de euros.
El interventor constata ahora, en su último informe, que se está volviendo a financiar un gasto financiero con un ingreso no financiero como es el remanente líquido de tesorería que "en términos absolutos, teóricos e individuales implica inestabilidad presupuestaria".
Añade que no será hasta que se haga el balance de 2020, con la liquidación presupuestaria, cuando se sepa si de nuevo se incumple la regla de manera coyuntural. Matiza que, aunque la regla general "es que cuanto más se use el remanente, más riesgo de incurrir en inestabilidad presupuestaria e incumplimiento de la regla", hay que esperar a la finalización del ejercicio para "verificar" si ha "influido" en la inobservancia de la norma.
