El Consello de Contas de Galicia, que fiscaliza la gestión económica y financiera del sector público gallego, identifica 34 reconocimientos extrajudiciales de crédito realizados por el Ayuntamiento de A Coruña en su anteproyecto del Informe de Fiscalización de los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito aprobados por las entidades locales gallegas en 2018, si bien las facturas sobre todo de 2016 y 2017 y algunas llegan a 2014. Entre estos pagos, con un valor conjunto de 1,32 millones, y aprobados por acuerdo plenario, se encuentran varios de gran tamaño realizados a empresas a las que se les había acabado el contrato, y también una serie de facturas menores que el organismo considera nulas porque se realizaron en base a créditos con una consignación presupuestaria bien inexistente o bien insuficiente. En un único caso, se abonó un pago por un servicio que presuntamente no se realizó.
La factura más voluminosa, por cerca de 850.000 euros, es la del contrato de recogida y transporte de basuras, de diciembre de 2017, que supone más del 60% del monto total y que se realizó sin contrato en vigor. Las siguientes en volumen se abonaron tras exceder el plazo del contrato: una de servicios bibliotecarios de unos 200.000 euros, y del servicio de suministro, instalación y conservación de papeleras y recolectores, que supera los 140.000.
También excedieron del plazo del contrato, y pese a ello se abonaron igual, el servicio de vigilancia del Quiosco Alfonso y Casa da Cultura (más de 25.000 euros), el mantenimiento del ascensor de San Pedro (casi 20.000), el control de aves (cerca de 15.000 euros) y el arrendamiento del servicio de impresión con pago por copia (más de 17.000 euros), así como otros tres abonos por importes menores pero superiores a loa 5.000 euros.
El motivo de objeción más frecuente, que se da en los dos tercios de las facturas (si bien por importes relativamente menores, entre los 71 y los cerca de 6.000 euros) es la adquisición de un compromiso de gastos con un crédito presupuestado "inadecuado o insuficiente". Esto determina, según señala el informe "la nulidad de pleno derecho" de los actos y acuerdos que infrinjan el precepto.. En dos de ellas, de noviembre y diciembre de 2017 y por cerca de 7.000 euros entre ambas, adicionalmente, no había "cobertura contractual". En otro caso, sobre la grabación del evento Corrente de Golfo, presumiblemente en 2016 y por la que se pagaron 4.356 euros, el Interventor indicó que se "podía estar abonando una ayuda a través de una factura de la que no se apreciaba contraprestación", un reparo que "no fue resuelto por el alcalde".
Un reconocimiento extrajudicial de crédito es una figura de carácter excepcional, por la que una Administración abona dinero por actos que se consideran inválidos administrativamente. El informe del Consello de Contas analiza los realizados por 68 concellos y una Diputación, para determinar "el importe y la naturaleza" de estos, discriminar aquellos que fueron "debidamente adquiridas en el ejercicio de origen de aquellas otras que pudiesen padecer vicios de anulabilidad o nulidad". Si son nulos, también examina la "exigencia de algún tipo de responsabilidad subjetiva". En conjunto, el Consello reclama a los Ayuntamientos que eviten la figura, y que programen la licitación de los gastos recurrentes a través de un plan anual de contratación, como el que presentó el actual Gobierno local el pasado mes de abril.
El anteproyecto fue recibido por el Concello este mes, y presentado en la Comisión de Transparencia de ayer por el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, en respuesta a las críticas de Marea en relación al aumento de contratos menores, puesto que se corresponde con facturas de la etapa de este grupo al frente del Gobierno local. Fuentes de Marea señalan que emplearon los reconocimientos extrajudiciales como "lo emplea ahora el del PSOE" y que Lage usó el informe, un "trabajo ordinario" que no se centra en A Coruña, para lanzar una "cortina de humo" porque no ofreció datos de contratos públicos, publicidad y políticas de transparencia, "según se había acordado de manera unánime en octubre".
