La Junta de Gobierno Local formalizará hoy la contratación del nuevo servicio de limpieza viaria, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de FCC y Ingeser, después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública desestimase el recurso presentado por la UTE formada por Valoriza Servicios Ambientales y Arias Infraestructuras.
El pasado 26 de febrero la Junta de Gobierno Local acordó excluir del procedimiento abierto para el contrato, de más de 14 millones de euros anuales, a la oferta presentada por Acciona debido a que no alcanzaba el umbral mínimo de puntuacion, y adjudicarlo a la ganadora del concurso debido a que ofrecía la proposición "más ventajosa" en relación a los pliegos del concurso. Sin embargo, la UTE de Valoriza y Arias Infraestructuras elevó el pasado 5 de mayo un recurso en el que pedía que se declarase nula la resolucióno de adjudicación, que se excluyesen las ofertas presentadas tanto por FCC-Ingeser como por Urbaser y que se le concediese el contrato, dado que había presentado "la oferta económicamente más ventajosa". También reclamaba la suspensión del proceso de contratación hasta que se resolviese el recurso, algo que se realizó y ha obligado a retrasar la firma del contrato.
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública, por su parte,transmitió el pasado viernes al Ayuntamiento que decidía desestimar el recurso y por tanto levantar la suspensión. No sancionará a la UTE formada por Valoriza Servicios Ambientales y Arias Infraestructuras, por su parte, debido a que "no se aprecia temeridad ni mala fe en la interposición del recurso". Si el tribunal estuviese estimado que ese era el caso, podría haber impuesto una multa a las empresas.
El Ayuntamiento celebró ayer la decisión judicial, que da "luz verde" al servicio. El recurso interpuesto, según el Concello, provocó "un atraso en la puesta en marcha de un servicio esencial en la ciudad".
El contrato tiene un valor cercano a los 14,4 millones de euros anuales, contando el IVA. El gasto previsto para este ejercicio, en el que la adjudicataria no podrá trabajar durante todo el periodo, es de un máximo de 7,2 millones. Entre 2021 y 2027 se pagaría la suma íntegra y en 2028 un máximo de 7,2 millones. El plazo de duración es de ocho años, improrrogable, un periodo que coincide con el estimado de amortización de las inversiones previstas, que al final del contrato, por otra parte, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento sin coste adicional.
