El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia emitida por el Juzgado de la Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña a favor del acuerdo de la anterior Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, que aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo y normas de gestión de la Policía Local. De este modo, la Sala rechaza en firme el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega (CIG), y declara que la subida de nivel del cuerpo fue correcta, que hubo negociación y que el procedimiento que siguió el Concello fue adecuado.

La CIG había denunciado ante el Contencioso la decisión, en 2018, del anterior Ejecutivo local de retomar su acuerdo de 2009, por el que se decidía reclasificar los puestos de trabajo del cuerpo de seguridad e incrementar de forma gradual sus retribuciones básicas. El acuerdo no pudo llevarse a cabo debido a la legislación en cuanto a déficit público y presupuestos de los siguientes años, y fue en 2018 cuando el Ayuntamiento se decidió a retomar su efectividad. La reforma suscitó el rechazo de la CIG, que denunció, según recoge la sentencia, "falta de negociación y ausencia de fijación de criterios técnicos y de objetiva valoración de aquellos puestos de trabajo". El litigio enfrentó al sindicato con el Concello y el Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que celebra que el TSXG estime que "no era necesaria una nueva negociación para ejecutar aquel acuerdo de 2009".

"La Sala ha desmontado el argumento del sindicato, quedando demostrado que participó de dicha negociación, a la vez que señala que casualmente ese fue el único sindicato que ya en 2009 no quiso apoyar la mejora de nivel en Policía, pero entonces no la recurrió", apuntan desde el CSIF. El organismo se muestra "muy satisfecho" con la sentencia, y celebra "que ha quedado demostrado que el acuerdo que se ejecutó fue legítimo y coherente con la situación y los acuerdos tomados en su día, y que el proceder municipal fue riguroso y ajustado a la legalidad".

La entidad afea que el proceso estuviera "plagado de zancadillas políticas o sindicales, medias verdades, argumentos infundados o directamente falsos". El obstáculo principal fue la apelación de la CIG, pero la decisión de 2018 también contó con reparos por parte del interventor municipal, que consideraba que el incremento retributivo sobrepasaba el límite previsto en la ley de presupuestos, por lo que "podría suponer incurrir en prevaricación administrativa", y entendía, también, que no había mediado negociación previa. Por su parte, la decisión de la Junta de Gobierno local obtuvo el visto bueno de la Asesoría Jurídica.