Cuatro años o incluso puede que más se pasarán los inmuebles de cincuenta o más años de la ciudad sin pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE), toda vez que la Xunta no llevará al Consello la nueva normativa para su aprobación. Eso implica que lo hará tras la cita con las urnas el 12 de julio. En el mejor de los casos y ya que los propietarios de estos inmuebles antiguos cuentan con un año para pasar este examen, las primeras inspecciones no se realizarán hasta finales del próximo año, aunque lo harán ya bajo otra denominación, Informe de Evaluación de Edificios (IAE), que es un procedimiento más completo que el anterior y que, si nada cambia en el borrador de la Xunta, será obligatorio en los inmuebles de cincuenta o más años. La ordenanza municipal de rehabilitación, aprobada en 2011, obligaba a que este examen se realizase a los inmuebles protegidos y a los que cumpliesen cuarenta años, un decenio antes que la futura normativa autonómica.
Estos dos ejercicios en blanco [2020 y 2021] se suman a 2018 y 2019, cuando se paralizó el proceso de inspección, después de que el Tribunal Constitucional a finales de 2017, dejase sin efecto la normativa estatal que regía estos análisis, dejando en mano de los Gobiernos autonómicos la redacción de una nueva ley para regular este fin.
El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, explicó ayer a este diario que la Xunta todavía no había respondido a las alegaciones que había presentado el Concello en noviembre del año pasado al borrador de la normativa autonómica, en la que, entre otras cuestiones, hacía referencia a que el texto interfería en las competencias municipales y a que el IAE no exigía que el resultado de la evaluación fuese favorable, es decir, que se garantizase que los edificios se encuentran en buen estado sino que solo obligaba a solicitar en plazo el informe.
"No sabemos si las aceptaron o no. En todo caso, pensamos que es demorar excesivamente la posibilidad de tener una normativa autonómica que nos permita a los concellos llevar adelante un control de calidad y una inspección técnica de los edificios. Las políticas de rehabilitación de las edificaciones precisan de controles, por eso no nos parece una buena noticia que se aplace tanto la aprobación", comentó ayer Villoslada.
A pesar de que la normativa estatal no está vigente, Villoslada indicó que las inspecciones que están ya pasadas -en los inmuebles protegidos y en los que tienen más de cuarenta años- tienen validez hasta que se publique la nueva norma. En cuanto a los edificios que entran en estos años en el proceso de tener que someterse a la nueva inspección, Villoslada indica que se encuentran "a la espera", ya que no se les puede pedir a los propietarios de estos inmuebles que actualicen su informe o que se sometan a examen si no se sabe el contenido de la norma. "Es una situación de impás. No es tanto un vacío legal, como que hay que esperar a la nueva normativa que tiene que aprobar la Xunta mediante decreto. Hay que hacer esa espera hasta que esté aprobada, por eso todos los concellos estamos esperando a que la Xunta de Galicia impulse de una vez este nuevo decreto", resumió ayer el concejal de Urbanismo, que puntualizó que, este año, tampoco se harán, desde el Concello nuevas inspecciones, ya que la entidad municipal carece de "cobertura autonómica" para realizarlas. Y es que, actualmente, el Concello ni siquiera sabe si sus alegaciones se han tenido en cuenta y si figuran en el texto que se encuentra en tramitación y que no podrá ser aprobado hasta pasadas las elecciones del 12 de julio.
Los datos
El Observatorio Urbano cuenta con datos sobre la distribución de los expedientes de las inspecciones según su estado. Si en 2014 -antes de que el Constitucional invalidase la normativa estatal-, el Concello tenía sobre la mesa 727 expedientes, de los cuales, 175 se habían abierto ese año, en 2019, esa cifra bajó hasta los 456 informes, de los que solo uno se abrió durante ese ejercicio. El 98% restante son expedientes heredados de años anteriores y se encuentran paralizados a la espera de resolución.
En 2016, por ejemplo, cuando todavía estaba vigente la anterior normativa, pasaron por Rehabilitación y Vivienda, 752 expedientes, de los que 237 recibieron una resolución favorable.
El Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de A Coruña ha defendido siempre la realización de inspecciones para evitar que se agrave la degradación de los inmuebles y generen situaciones de peligro.
