Proxecto Cárcere, el colectivo encargado entre agosto y diciembre de 2018 de la gestión de la antigua cárcel provincial, regresó el pasado viernes al edificio para reparar la que fuera una de sus instalaciones en el centro: una rampa de madera para permitir el acceso universal. Tres miembros de la asociación se trasladaron al espacio para pintar la pasarela, "muy degradada" por las inclemencias meteorológicas, según el portavoz Tono Galán. Asegura que no es "una acción reivindicativa, sino de sentido común", porque "como no hay guardas la rampa todavía la usan curiosos para acceder al interior y para tomar el fresco en los soportales".
"Lo hicimos para que no haya accidentes, y para que no parezca una vergüenza", apuntan desde el colectivo. La pasarela fue uno de los motivos que propició el fin de la cesión, ya que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta la prohibió al concluir que su meta era la realización de actividades socioculturales en el edificio para los que no daba su permiso. El centro se cerró el 22 de diciembre, y el mes pasado el Tribunal Supremo rechazó la petición del Concello de anular el convenio de 2005 mediante el que debía abonar 1,2 millones a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios para hacerse con la cárcel.
