A Coruña tiene en su territorio casi 168.000 edificaciones de distinto uso, de las que 45.336, lo que equivale a un 27%, fueron construidas antes de 1970, es decir, hace cincuenta años. Estos edificios antiguos, uno de cada cuatro en la ciudad, tienen la obligación de pasar la correspondiente inspección técnica que se realiza desde 2006, pero que en los dos últimos años no se han llevado a cabo por la anulación de la ley que las ampara y que este año y en gran parte del próximo tampoco se ejecutarán por la ausencia de una nueva ley reguladora de ámbito autonómico, que la Xunta no llevará al Consello para su aprobación hasta después de las elecciones del día 12 de julio.

Los datos actualizados a este mes de junio de la Dirección General del Catastro reflejan que 30.588 edificios de la ciudad fueron construidos entre 1960 y 1969; 6.168 son de la década de los cincuenta del siglo pasado; y 8.580 tienen fecha de construcción anterior a 1950. La antigüedad superior a cincuenta años es la que establecerá la Xunta en su nueva normativa para obligar a las edificaciones a someterse al análisis técnico, que en adelante recibirá el nombre de Informe de Evaluación de Edificios (IAE), un proceso más completo que la hasta ahora conocida como Inspección Técnica de Edificios (ITE).

Las inspecciones realizadas hasta 2017 en A Coruña han afectado a los inmuebles protegidos y a los que tienen una antigüedad de cuarenta años o más, según indica la ordenanza municipal de rehabilitación, de 2011, diez menos que los que determinará como límite la norma autonómica pendiente de aprobación. Una vez pasado el análisis, los propietarios de estos edificios estaban obligados además a volver a hacerlo a los diez años del anterior control, de acuerdo con la normativa estatal. Pero esta ley fue derogada por el Tribunal Constitucional a finales de 2017, dejando en manos de las comunidades la regulación de las inspecciones. Los edificios antiguos que hasta hace dos años realizaron la evaluación que les correspondía están ahora a la espera de conocer en qué términos han de pasar el nuevo examen, de acuerdo con lo que establezca la nueva ley gallega.

El Concello ha enviado a la Xunta alegaciones al borrador de la norma a la que debe dar el visto bueno el Consello tras las elecciones. Lo hizo en noviembre pasado y no ha recibido contestación. Entre otros aspectos, el área de Urbanismo apunta que las nuevas evaluaciones no exigen un resultado favorable sobre el estado en que se encuentra un edificio, sino que solo obliga a solicitar el informe en el plazo establecido. Dado que los propietarios tienen un año para pasar el examen, las primeras inspecciones se harán a finales de 2021.

El resto de edificaciones de la ciudad, un total de 122.639 según el Catastro, fueron construidas entre 1970 y la actualidad, con la década de los setenta como la de mayor actividad en el sector del ladrillo. Desde 2010 se han levantado 8.823 inmuebles en A Coruña, veinte mil menos que en los diez años anteriores, lo que refleja el calado de la crisis económica de finales de la década pasada en el campo de la construcción.

De las 168.000 edificaciones de la ciudad, el 74%, 126.000, son de uso residencial, recoge el Catastro. Hace una década, este segmento sumaba diez mil hogares menos. Le siguen los almacenes (el 10%), los establecimientos comerciales (6,7%), las construcciones industriales (3,3%) y las oficinas (2,8%). El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda refleja además que existen 2.463 parcelas de suelo aún vacantes, casi dos mil menos que hace diez años.