La comunidad de propietarios de los edificios 18 a 36 de la avenida del Ejército, un grupo de viviendas promovidas para trabajadores de Obras del Puerto, califica de "delito administrativo grave" la retirada, por parte del Concello, de la barrera que impedía el paso a ese entorno a los vehículos de personas no residentes, lo que permite que cualquier conductor pueda aparcar en el lugar. Vecinos apoyan su consideración en que la intervención del Ayuntamiento se produjo durante el estado de alarma, periodo en el que se paralizaron todas las actuaciones administrativas y ejecutivas, y que el proceso fue "totalmente irregular", con notificaciones enviadas por el departamento municipal de Urbanismo "a un correo inexistente, y aún así se dieron por válidas".

El Concello, que desde 1996 es propietario de una parte de ese suelo, 4.486 metros cuadrados, conoce las quejas de los vecinos y ha mantenido una reunión con ellos tras la eliminación de la barrera. En mayo pasado la Junta de Gobierno Local aprobó la solicitud de la cesión gratuita de la otra parte de ese terreno, 1.678 metros cuadrados, a propuesta de su titular, la Administración General del Estado. Ese proceso se ha iniciado pero todavía no ha finalizado, asegura el Ayuntamiento. Fuentes municipales añaden que el Gobierno local "estudia la reforma de ese espacio para cuando sea público", sin concretar qué tipo de intervención prevé llevar a cabo.

Según la comunidad de vecinos, la actuación del Concello impidió que se pudiese presentar una denuncia en el juzgado de guardia para así anular de oficio esa "orden ilegal", que desde su aplicación hace posible que cualquier vehículo estacione en torno a los inmuebles. Los propietarios aseguran además que el Ayuntamiento carece de documentos que lo acrediten como titular del suelo del que aún es propietario el Estado y que la instalación de la barrera mantiene su vigencia legal sin que se haya revocado.

El Concello explica que procedió a eliminar la barrera tras hacer la comunidad caso omiso de sus requerimientos desde el mes de diciembre de 2019, unas comunicaciones que, según los vecinos, fueron remitidas a un correo electrónico "inexistente". Los propietarios aseguran que, tras informar de esta situación al edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, el Concello anuló la sanción que les había impuesto y los costes de la retirada de la barrera metálica. Ese obstáculo, agregan, fue cortado con una sierra radial y, por tanto, inservible en caso de que hubiera que reponerla.

Los vecinos destacan que desde un primer momento la comunidad se encargó de "urbanizar, mantener los servicios y ajardinar las zonas comunes, corriendo con todos los gastos y eximiendo de ello al Concello", del que dicen que siempre alegó que se trataba de una propiedad privada en la que no podía intervenir.

Una vez que se ha permitido el paso a cualquier vehículo para aparcar, pese a que lo prohíben señales de tráfico verticales, la zona, con maleza y basura, está descuidada y "con degradación más que evidente". El Concello coruñés garantiza que cuando obtenga la cesión del suelo asumirá su mantenimiento.