La batalla judicial entre el Concello y Albada, la empresa concesionaria de la planta de residuos de Nostián, suma un nuevo capítulo a su historia con la decisión de la compañía de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la estimación del recurso de lesividad presentado en 2015 por el Ayuntamiento. Tanto el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 4 -en 2018- como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) -en 2019- estimaron la reclamación del Ejecutivo local, que pedía anular el pago de 3,3 millones anuales a la gestora por el desequilibrio económico que producía el sobrecoste de tratar los rechazos en el vertedero de Sobrado en lugar de en la propia planta. La compañía llegó a cobrar durante varios años el montante, 9,117 millones, que los juzgados no respaldan, gracias a un ingreso compensatorio por el que la empresa presentará un recurso de casación. La asesoría legal de la compañía estima que "existen posibilidades de éxito" a la hora de recuperar el acuerdo, que se aprobó al final del mandato de PSOE y BNG en 2011 y se puso en entredicho con la llegada del Partido Popular.

La anualidad compensatoria se estableció, según indicó el pasado septiembre el TSXG, ante el llenado de los tres vasos de vertido de la planta, que se colmaron "mucho antes de lo previsto". Aquello provocó que la concesionaria tuviera que trasladar a la planta de Sobrado los rechazos -residuos que no se pueden reciclar-, e incurriese en un sobrecoste. Hasta 2011 fue el Concello el que palió los gastos extra pero, con los populares en la alcaldía, el Ayuntamiento imputó la responsabilidad a la gestora, a la que acusó de no ajustarse a la oferta técnica y económica con la que había ganado el concurso. El TSXG lo respaldó sentenciando que el acuerdo no restablecía el equilibrio, sino que producía "un desequilibrio a favor de la empresa", y ratificó que "la gestión de los rechazos forma parte esencial de las obligaciones" de Albada.

La decisión del juzgado permite en última instancia el recurso de casación por el que ahora apuesta la concesionaria. Según indica una memoria de Urbaser -una de las compañías de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se hizo con la gestión-, Albada entiende que puede ganar el pleito, poniendo en cuestión la "posible nulidad de la resolución adoptada por el Ayuntamiento al haber sido dictada por un órgano manifiestamente incompetente". El documento prevé la posibilidad de que el Supremo falle a favor del Concello, pero entiende que en ese caso una eventual reclamación de los 9,117 millones ya cobrados por la planta habría prescrito "una vez finalizado el procedimiento" ante la institución, por lo que el Ejecutivo local no podría recuperarlos aunque los reclamase. De hecho, la compañía informa de que ya ha desbloqueado dicha cantidad en sus cuentas, en las que la cifra permanecía reservada en el ejercicio anterior.

Desde que comenzara el conflicto, entre Albada y el Concello han circulado acusaciones cruzadas. La empresa expuso en el pleito que la Declaración de Efectos Ambientales (DEA) le había impedido "no solamente la construcción del vaso de vertido contemplado, sino también las futuras ampliaciones del mismo". El Superior lo rechazó al entender que Albada "ejecutó unos depósitos con capacidad similar a los previstos", y que "el riesgo de error en relación a las previsiones" de los rechazos de la oferta "lo debe asumir la concesionaria". La empresa volvió a prender la mecha a finales del año pasado, cuando se negó a seguir prestando el servicio al Consorcio As Mariñas a partir de este enero con la prórroga forzosa de su contrato, obligando al Concello a intervenir hasta el mes que viene la planta de Nostián.