El 1 de abril, Carmen Pico Abad respondió esa llamada que nadie quiere recibir. Su madre Teresa se había infectado de Covid en el centro de mayores DomusVi Matogrande, que al otro lado del teléfono le informaba de que procedería a suministrarle antibióticos, o morfina -un tratamiento paliativo-- si tenía insuficiencia respiratoria. Acababa de conocerse el positivo, pero la posibilidad de derivarla al hospital no se encontraba sobre la mesa, ya que, según le anunció la institución, la mujer "no era candidata a UCI por edad y patologías". Tampoco se valoraba la opción de una despedida telemática, que los cuatro hermanos Pico pidieron hasta que la anciana de 87 años falleció el sexto día víctima del virus. El pasado jueves, Carmen Pico contó su historia en el pleno municipal y acabó entre aplausos.
Desde la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (REDE) de la que forma parte, su hija reclama ahora que se lleve a cabo una investigación en el centro, y que se depuren responsabilidades. Busca esclarecer lo que ocurrió en esa semana teñida en negro en su calendario, y dejar patente lo que considera una mala gestión de la pandemia. La mujer denuncia que tras "casi un mes sin verla" por el cierre a las visitas, sus hijos no pudieron contactar con ella por videollamada para comprobar su estado: "Dijeron que se podía contagiar la plantilla y no nos dejaron ni siquiera un minuto cuando fueran a asearla o a darle la comida. Luego, cuando falleció, no nos dieron ni el pésame, nos sentimos fatal".
Pico denuncia que trató de hablar reiteradamente "con la directora, los médicos y asistentes sociales" pero que "siempre" se les indicaba que no había personal o les negaban el contacto. En la querella que interpuso ayer ante el Juzgado de Instrucción de A Coruña, indica que existe "conocimiento de que, durante el estado de alarma, con 75 residentes en el centro y 13 positivos, únicamente estaban siendo atendidos por cuatro auxiliares de enfermería". Entre los trabajadores que atendieron a su madre, asegura que uno disponía "del curso de auxiliar, pero la única experiencia práctica que tenía era en una clínica veterinaria". Afirma que "la mayoría de enfermeras se cogió la baja y faltaban empleados", aunque desde la dirección de la residencia "decían que estaba todo bien y que el personal era el que mandaba la Xunta".
Cuando en 2018 ingresó en DomusVi, la fallecida padecía diabetes, hipertensión y un inicio de demencia, pero conservaba la movilidad. Pico responsabiliza a la residencia de su fin en una silla de ruedas, tras sufrir tres caídas en una de las cuales se partió el hueso en el que tenía colocada una prótesis de rodilla. Señala además que "durante los meses que estuvo en la residencia adelgazó de forma alarmante", lo que obligó a los familiares a alimentarla personalmente, y que en marzo de 2018 fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña por un síncope. "El médico de la residencia le duplicó el antipsicótico y casi la mata", afirma la denunciante, que asegura que los cambios en la medicación no fueron valorados por la especialista en neurología que seguía su caso en la Seguridad Social.
Desde DomusVi indican que su departamento jurídico no tiene "constancia" de la querella, y que hasta entonces no dirá "nada". La Xunta, por su parte, alega que trabajó "en base a criterios médicos" y que "todas las residencias contaron con un protocolo ajustado". En cuanto a las acusaciones sobre la escasez o falta de preparación de la plantilla, señala que en mayo se realizó una inspección que revela "que los contratados tenían el certificado adecuado", y que el Gobierno autonómico "incrementó en 1.100 personas al personal en las residencias tanto públicas como privadas" para responder a la pandemia. El Ejecutivo gallego afirma que esta "no es cuestión de políticos" porque "las decisiones las tomaron los sanitarios", pero que va a "dejar trabajar a la justicia".
Será esta la que dictamine si la consejera delegada de DomusVi España Josefina Fernández Miguélez y la directora del centro de Matogrande María Isabel Otero Fernández-Aperribay son culpables de una posible "negligencia", así como una alta funcionaria del Servicio de Inspección de Mayores, Discapacidad y Dependencia de la Xunta y al director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Ildefonso de la Campa. La causa, defendida por el despacho Pérez-Lema Avogados e Consultores, achaca a los denunciados delitos por omisión del deber de socorro, de abandono de incapaces, y de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave. Según asegura el letrado Xoán Pérez-Lema, la residencia informó a los familiares "con mucho retraso, les cerró cualquier posibilidad de hospitalización y los días 4 y 5 de abril hubo un servicio médico prácticamente inexistente". Aquel domingo al mediodía, además, le realizaron a Teresa una prueba de control respiratorio que arrojó un resultado de un 77%, "prácticamente incompatible con la vida", pero la familia no tuvo constancia de ese agravamiento.
Denuncias previas
La querella a la DomusVi Matogrande se suma a una lista de denuncias previas interpuestas por miembros de REDE ante la Fiscalía Superior de Galicia. El presidente de la federación, Paulino Campos, informa de que en abril se presentaron tres, una de ellas exclusivamente dirigida a esta cadena de residencias, en la que se señaló a nueve centros gallegos como DomusVi de Carballo, DomusVi Concepción Arenal (A Coruña), DomusVi Matogrande (A Coruña) y DomusVi San Lázaro (Santiago).
La semana pasada, el Pleno aprobó una moción para instar al Gobierno autonómico a investigar lo acontecido en los centros de mayores, con el voto a favor de todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo. Pico confía en que este sea el "primer paso" para aclarar lo ocurrido, e insta a que se haga una ley de residencias porque "no podemos permitir que se juegue así con las vidas humanas".
