La Compañía de Tranvías de A Coruña obtuvo en 2019 ingresos derivados de su actividad por importe de 24,36 millones de euros, 1,1 millones menos que en el ejercicio anterior, 23,23, según refleja el informe de gestión del pasado ejercicio de la concesionaria del transporte urbano de viajeros. Esa caída en su cifra de negocio es menor que la estimada tanto por Marea Atlántica cuando gobernaba en el mandato anterior como por la empresa, que en los últimos dos años calcularon, respectivamente, que Tranvías reduciría sus ingresos en 2,6 y 4,3 millones.

El doble fallo en las estimaciones queda expuesto en la memoria y el balance de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 presentado en el Registro Mercantil, que recoge por un lado el descenso de los ingresos por la bajada de las tarifas del bus aprobada unilateralmente por el Gobierno anterior desde febrero del año pasado y, por otro, la reducción de los beneficios por el mismo motivo, de 3,78 a 3,32 millones de euros, casi medio millón menos.

El cálculo que más elevaba la caída de los ingresos en el ejercicio pasado por la modificación tarifaria fue el de Tranvías. La concesionaria subía la pérdida a 4,3 millones. Esta era la cantidad que estimaba que dejaría de recaudar por la bajada del precio de los billetes ordinarios y de los bonobuses, la anulación del cobro de los transbordos y la gratuidad de los viajes de usuarios menores de 13 años. A ello añadía las cantidades que tampoco ingresaría por el rechazo del Ejecutivo de Marea a una subida de nueve céntimos -hasta los 1,39 euros el precio del billete general- a la que la empresa consideraba que tenía derecho de acuerdo con la fórmula matemática que desde 1986 se aplica para calcular las tarifas.

La reducción de las tarifas llevó a Tranvías a abrir una causa judicial contra el Ayuntamiento, al entender que la medida había sido adoptada por la administración local sin haber llegado a un acuerdo por la bajada del precio y la gratuidad de viajes con la empresa, que en 2019 registró una cifra récord de usuarios, 23 millones. La resolución aún no se ha emitido.

El Gobierno de Marea tenía otro cálculo de las consecuencias de la modificación tarifaria, al que ya aludía a finales de 2018. Su estudio concluía que Tranvías reduciría sus ingresos en 2,6 millones de euros y añadía que, pese a los nuevos precios, la estabilidad económica de la concesión estaba "garantizada" porque la empresa continuaría obteniendo beneficios.

Tranvías llegó a solicitar en un juzgado la suspensión cautelar de la rebaja en los precios del bus urbano, algo que rechazó el Concello para no tener que compensar económicamente a la empresa en caso de dar marcha en la modificación de tarifas. Tranvías señalaba que los ingresos financieros, por publicidad y generados por el incremento de las tarjetas Millennium iban a sufrir repercusiones, como también los costes de personal y de combustible.

La concesionaria achaca la reducción de beneficios y la caída de los ingresos a la bajada de las tarifas, que desde hace un año y medio son diez céntimos más baratas en los billetes general y con descuentos. La empresa señala que el aumento de viajeros en 2019 ha "atenuado" esos descensos, así como "el control o suspensión de gastos e inversiones derivados de la incerteza jurídica en la que está sumida la compañía", alusión a la duración de la concesión, un asunto resuelto por sendas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por un juzgado de A Coruña ya en el primer semestre de 2020.

Este caso ha despejado la incertidumbre jurídica a la que se refería la empresa, dado que la sentencia del juzgado, apoyada en un dictamen que se le había pedido al órgano europeo, declaró vigente el convenio mediante el que Tranvías presta el servicio desde 1986 y que deberá concluir en 2024, ocho años después de la fecha que estimaba Marea al amparo de un reglamento europeo.

La caída de los beneficios de la compañía trae también como consecuencia la suspensión del cobro de dividendos anuales que corresponde repartirse a los accionistas, como aprobó en el consejo de administración, que justifica la renuncia en "la excepcional situación" por la que pasa la empresa por la pandemia de Covid-19, que causará "un importante impacto económico en los próximos ejercicios.