Tras la aparición del anuncio de la venta de la Casa Cornide en una exclusiva inmobiliaria viguesa, y el juicio por la titularidad del pazo de Meirás tensando la cuerda entre el Estado y los herederos de ambas propiedades, el Gobierno local reivindicó ayer el "carácter público" del edificio.

"Es una actitud más de desprecio a la legalidad y a lo público". Así definió ayer la alcaldesa, Inés Rey, el parecer de su Ejecutivo ante el anuncio de la venta de la propiedad, que constituye, para la regidora, "un activo patrimonial de carácter público". Pese a que todavía no forma parte de los edificios catalogados como Bien de Interés Cultural de los que dispone la ciudad, hay un camino iniciado para optar a esta denominación.

Los Franco se han pronunciado con respecto al revuelo a través de su abogado, Luis Felipe Utrera Molina, que defendió que sus clientes "pueden poner a la venta cualquier propiedad que sea suya". Un derecho que la familia ostenta, según declaró el letrado, al "haber declarado impuestos de la herencia de su madre".

Expertos en patrimonio trabajan, desde el pasado noviembre, en la elaboración de un informe que será enviado a la Xunta y en el que, según el catedrático designado para dirigir la investigación, Alfredo Vigo Trasancos, figuran "pruebas suficientes" para optar a este estatus. Los expertos a cargo estiman que los trabajos para la redacción de dicho informe, reanudados recientemente tras el parón de la pandemia, habrán terminado antes de la finalización del año.

El informe valora los elementos patrimoniales del exterior de la estructura, a la espera de obtener un permiso por parte de la familia del dictador para acceder al palacete y comprobar el estado de las estancias interiores. La investigación recoge, además, las actuaciones realizadas en el pazo, como la reforma encargada por Carmen Polo en el momento de su adquisición en 1964.

En el anuncio de la inmobiliaria encargada de gestionar su posible venta figura, no obstante, la existencia de una segunda reforma fechada en el año 2018, aunque no consta el sentido de las actuaciones realizadas. En el texto figuraba, al lado de esta información, la especificación, entre paréntesis, "con estructura metálica, de piedra y hormigón", un dato que parecía dar a entender que fueron esas las modificaciones efectuadas en 2018, para las que no consta licencia. Según fuentes municipales, los únicos permisos urbanísticos referidos al inmueble en los últimos veinte años son, en 2018, para la conservación y mantenimiento de la cubierta, con sustitución de tejas e impermeabilización.

Una información que fue eliminada de la descripción al ser preguntada la inmobiliaria por este asunto por este periódico y tras conocer que el Concello estaba consultando la cuestión. "Entendemos que, si ha habido una intervención no autorizada sobre un bien protegido, y la Casa Cornide forma parte del BIC de la Ciudad Vieja, se tomarán medidas", aseguran fuentes municipales.

Constituiría su declaración BIC la primera piedra para la recuperación de la propiedad para el patrimonio público, en la que el Concello asegura estar trabajando. Un reclamo que respaldó el grueso de la corporación municipal el pasado septiembre, cuando se aprobaba, por unanimidad, una moción presentada por el BNG para que el Concello interpusiese una demanda judicial para reclamar la restitución al ayuntamiento de la casa natal de José Cornide.

También en esta ocasión otros integrantes de la corporación han reaccionado al anuncio de la venta. Marea Atlántica ha exigido al gobierno de la Xunta de Galicia que actúe de oficio y declare como BIC la Casa Cornide por la vía de urgencia, "para impedir que la familia del dictador pueda venderla en el mercado inmobiliario". La formación esgrime como argumento el hecho de que el PP promete, en su programa electoral para 2020, "reparar a las víctimas de la represión franquista", por lo que considera el de "evitar que los herederos del dictador se enriquezcan aún más con lo robado" como un buen punto de partida.

El BNG, a través de su portavoz Francisco Jorquera, aseguró ayer que los Franco "pretenden perpetrar y hacer irreversible el robo" del inmueble, "un edificio emblemático que era del pueblo de A Coruña". Afirmó que exigirá al Concello que emprenda "de inmediato acciones legales para que nos lo devuelvan", y reclamó "todas las medidas que garanticen la protección de la Casa Cornide", comenzando por el BIC. De recibir finalmente tal distintivo, la familia propietaria estaría en condiciones, no obstante, de seguir adelante con la venta, pero su nueva denominación podría dificultarla, ya que sus titulares obtendrían nuevas responsabilidades en su conservación y la obligación de abrirlo a visitas públicas.

El viceportavoz de Marea Atlántica, Iago Martínez, afirma que la intención de la familia, ante la posibilidad de que su propiedad sobre del inmueble peligre, es la de "hacer caja", algo que "no puede consentirse". Por este motivo, insta al Gobierno local a intensificar su implicación en el proceso de recuperación, ya que, considera, los únicos avances un año después de que anunciase su intención de optar a la declaración BIC se han limitado a "unos pocos contratos menores, todos firmados este año y sin resultados todavía".