La Audiencia Provincial celebrará el próximo miércoles el juicio contra un hombre para el que la Fiscalía reclama una pena de 14 años de prisión al considerarle el autor de un delito de agresión sexual continuada a menor, presuntamente cometido con su hija, que entonces tenía siete años, y de forma continuada. La vista se desarrollará a puerta cerrada para salvaguardar los derechos y la intimidad de la víctima, la misma razón por la que la administración judicial solo proporciona un relato resumido de los hechos que se imputan al padre.

El escrito de acusación indica que el acusado tiene antecedentes penales que no computan para esta causa y que fue en el año 2014 cuando se produjeron los hechos, entre los que figuran tocamientos a su hija e intentos de penetración, de los que detalla que no hay constancia de que hubiera conseguido efectuarlos.

Al conocerse estos hechos, el acusado perdió la tutela sobre la menor, de la que se hizo cargo la administración autonómica, que se responsabilizó de que viviera en régimen de acogida. Para la Fiscalía, estos hechos revelan que el hombre no es la persona adecuada para encargarse del cuidado de la niña ni para ejercer la patria potestad sobre ella, ya que añade que la situación que soportó le dejó una “huella psicológica que interfiere en su proceso de formación en el ámbito sexual”.

Para la acusación pública, los hechos descritos son calificables como un delito continuado de agresión sexual a menor, por lo que solicita para el padre de la niña una pena de 14 años de prisión con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. También plantea que el hombre tenga prohibido aproximarse a la menor, a su domicilio o a cualquier lugar donde esta se encuentre a menos de 200 metros, así como comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, durante un periodo de 19 años. Otra de las peticiones de la Fiscalía es que el padre sea sometido al régimen de libertad vigilada una vez que cumpla la pena que se le imponga, así como que se le retire de forma definitiva la patria potestad.

En el terreno de la responsabilidad civil, se solicita que el acusado abone a la niña una indemnización de 30.000 euros por los daños morales causados y que esa cantidad se incremente con intereses que genere desde que se dicte la sentencia en el caso de que no la pague.