El declive de la industria pública

Otras dos factorías coruñesas, la de Tabacalera y la de Empresa Nacional Santa Bárbara, que también habían pertenecido al Estado y después fueron privatizadas, pasaron por situaciones semejantes y finalmente no fueron capaces de mantenerse en funcionamiento, ya que sus responsables, ubicados lejos de A Coruña y vinculados a grupos multinacionales en los que estas fábricas eran simples piezas de un tablero de ajedrez, no tuvieron reparos a la hora de clausurar lo que habían sido empresas fundamentales en la historia económica de la ciudad.

¿Puede tener la actual Alu Ibérica ese mismo final? Cada una de las crisis sufridas por las tres tiene características y condicionantes muy diferentes, pero el repaso de los avatares que han sufrido a lo largo de la historia puede aportar pistas sobre alguno de los caminos que puede transitar su lucha.

La historia de la Fábrica de Tabacos coruñesa está directamente ligada al inicio de la industrialización de la ciudad, ya que fue abierta en 1804 sobre el lugar en el que había estado la sede de los Correos Marítimos, al mismo borde del mar en A Palloza. La falta de mecanización hacía necesario el empleo de una gran cantidad de mano de obra, que en el caso de A Coruña fue fundamentalmente femenina, de forma que la plantilla llegó a superar las 4.000 personas en su momento de mayor actividad durante el siglo XIX.

Tal cantidad de obreras hizo surgir entre los muros de la fábrica un combativo movimiento sindical que habría de oponerse con el paso de los años a la introducción de máquinas que reducían el número de personas contratadas. La importancia de la fábrica en la vida de la ciudad quedó reflejada por Emilia Pardo Bazán en su novela La Tribuna, en la que recoge las vivencias de aquellos años turbulentos.

La producción y venta de tabaco fue un monopolio estatal en España desde la llegada de este producto desde América y después de la Guerra Civil todas las fábricas quedaron integradas en el grupo Tabacalera, que permaneció en manos públicas hasta que en 1998 se privatizó su capital. La entrada en la Comunidad Económica Europea obligaba a poner fin al monopolio estatal, pero la opción elegida por el Gobierno en aquel momento fue vender la empresa, que solo un año después se fusionó con la francesa Seita para dar lugar al grupo Altadis.

Ese movimiento fue el primer paso para el final de la fábrica que había popularizado por toda España uno de sus productos, los Farias. Los nuevos dueños de las factorías tabaqueras nacionales optaron por el cierre de la mayoría de ellas aprovechando su ubicación privilegiada en las ciudades, lo que dejaba el camino abierto a grandes operaciones inmobiliarias.

"Era la segunda del grupo en productividad y la primera en aprovechamiento, por lo que tenía unos números buenísimos y no tenía por qué cerrar", recordaba en 2013 en este periódico sobre la fábrica coruñesa Elvira Alfonso, presidenta del comité de empresa cuando en 2002 fue clausurada por Altadis. Los 200 trabajadores, mujeres en su mayoría, lucharon durante meses para impedir el final de las históricas instalaciones, pero todo fue en vano.

"Al final nadie hizo nada por evitar el cierre", se lamentaba Alfonso, quien recordaba que el entonces alcalde, Francisco Vázquez, se había entrevistado con responsables de la Xunta para impedir esta operación, pero que nadie movió un dedo para hacerlo, por lo que Altadis cesó la producción. A finales de ese año, la factoría cerró sus puertas y una parte de la plantilla fue prejubilada, mientras que otra debió aceptar traslados a otras fábricas españolas del grupo.

Altadis se quedaba con un gigantesco solar en el centro de la ciudad que hacía sospechar una gran operación inmobiliaria de la que solo se libraría el primitivo edificio de la fábrica a causa de su protección patrimonial. Escocido por la actitud de la multinacional al cerrar el complejo, entre cuyas trabajadoras gozaba de gran popularidad, el entonces alcalde, Francisco Vázquez anunció en 2003 que expropiaría los terrenos mediante el pago de 15 millones de euros para construir 350 viviendas sociales, mientras que la fábrica albergaría a todas las concejalías del Ayuntamiento.

"No hay ninguna forma de que Altadis paralice la expropiación", proclamó Vázquez, aunque un año y medio después dio marcha atrás afirmando "Siempre es mejor un buen acuerdo que un mal pleito" para justificar el pacto logrado con Altadis, que recibió 708.000 euros del Concello a cambio del suelo en el que levantó 350 viviendas municipales, mientras que la multinacional vio recalificado parte del recinto industrial para hacer posible la construcción de 178 pisos de precio libre. El edificio histórico de la fábrica quedó con este acuerdo en manos del Ayuntamiento.

Altadis vendería en 2005 las tres parcelas edificables a San José por 79 millones de euros, aunque la crisis inmobiliaria hizo que permanecieran como solares hasta fechas recientes. El proyecto municipal para la fábrica, que preveía dejar el palacio de María Pita libre de oficinas administrativas para trasladarlas a A Palloza, quedó paralizado y el Gobierno del alcalde Javier Losada acabaría por ceder el inmueble a la Xunta para que ubicase allí la nueva sede de la Audiencia Provincial.

Esa iniciativa también se demoró y hubo que esperar hasta abril de 2017 para que la factoría iniciase su andadura como edificio judicial, después de una rehabilitación en profundidad que respetó su configuración primitiva y que incluso conservó algunos de los vestigios de la actividad tabaquera que superaron la prueba del paso del tiempo y del abandono en el que estuvo sumida durante años.

Fábrica de armas

La paralización de la actividad de la fábrica de armas de Oviedo durante la Guerra Civil obligó al ejército franquista a buscar una alternativa para proveerse de armamento, por lo que eligió A Coruña como la ciudad en la que instalar una nueva factoría. El edificio de Correos y los colegios Eusebio da Guarda y Curros Enríquez fueron las sucesivas ubicaciones de la fábrica, hasta que en los años cincuenta se decidió construir un gran complejo en Pedralonga.

La nueva fábrica de lo que dos años después fue la Empresa Nacional Santa Bárbara abrió sus puertas en 1958 con más de 1.200 empleados y con un papel fundamental en la industria local, ya que disponía de su propia escuela de aprendices en la que se formaban los futuros trabajadores, lo que garantizaba la continuidad de la producción y suponía una importante fuente de empleo para la ciudad. El fusil Cetme, empleado por el Ejército español, era en aquel momento el producto estrella de las instalaciones coruñesas.

La caída de la actividad armamentística en los años ochenta dio origen a los problemas en la planta coruñesa, cuya plantilla se movilizó de forma constante para exigir al Gobierno carga de trabajo suficiente para mantenerla en funcionamiento. Pese a que se produjeron piezas para el carro de combate Leopard y el blindado Pizarro, así como el fusil HK, el declive de la producción fue constante. La falta de soluciones derivó en un continuo descenso de la producción sin que las alternativas cuajaran, como la de la fabricación de discos duros de ordenador que se propuso en 1996. Cinco años más tarde, el Gobierno vendió todo el grupo Santa Bárbara a la multinacional estadounidense General Dynamics, pero eso no acabó con las dificultades.

El temor a la especulación con los amplios terrenos de Pedralonga hizo que los trabajadores recelasen siempre de las promesas sobre la continuidad de la fábrica. La supuesta obsolescencia de la factoría hizo que en 2008 se propusiera su traslado a la parcela que el Ministerio de Defensa tenía en Agrela, anteriormente ocupada por el Parque de Automóviles. General Dynamics apoyó la iniciativa e incluso el presidente del grupo llegó a visitar A Coruña, pero finalmente se echó atrás y el proyecto cayó en el olvido.

Ni siquiera la producción del misil Spike resolvió el problema de la actividad, por lo que la multinacional acabó por decretar el cierre de la planta en 2013. Una parte de los trabajadores aceptaron la compensación ofrecida, pero otra la rechazó e incluso se encerró durante meses en la fábrica para reclamar que se mantuviese abierta. El 27 de marzo de 2014 abandonaron el lugar tras el compromiso del Gobierno de convocar un concurso para que otra empresa gestionara la factoría.

Grupo IFFE y Hércules de Armamento fueron las compañías que presentaron propuestas al concurso. A pesar de las advertencias lanzadas por los extrabajadores acerca de la segunda de ellas, encabezada por Ramón Mejuto, exdirector de la fábrica de armas, el Gobierno le adjudicó finalmente la concesión y se hizo cargo de la planta a finales de 2014, al tiempo que contrataba a algunos de los antiguos despedidos, mientras quienes habían rechazado las indemnizaciones mantenían su protesta en la entrada de las instalaciones.

Desde aquel momento hasta el 11 de febrero de este año, día en el que Hércules de Armamento entregó las llaves de la fábrica, todo fueron complicaciones. La empresa perdió el suministro de agua y electricidad por el impago de los recibos, su actividad fue casi nula durante los años que permaneció en Pedralonga e incluso se le prohibió fabricar armamento al no poder pagar vigilancia privada para proteger las instalaciones.

La falta de pago del canon anual de 250.000 euros que debía abonar a Defensa fue el desencadenante de la rescisión de la concesión, que dejó la puerta abierta a otro proyecto para la fábrica, la Ciudad de las TIC, un complejo dedicado a la investigación y la producción tecnológica liderado por la Universidade da Coruña y las empresas del sector que aún está dando sus primeros pasos.

Aluminio de Galicia

El caso de la factoría aluminera coruñesa es más peculiar, ya que nació en 1961 como una empresa privada bajo la denominación de Aluminio de Galicia y asociada con el grupo francés Pechiney. En aquel momento comenzaba la industrialización a gran escala de la ciudad, ya que casi al mismo tiempo iniciaron también su actividad Emesa, Genosa y la refinería de Petroliber.

En 1985 el Gobierno español decide nacionalizar la factoría de A Coruña, además de las de Avilés y San Cibrao, para integrarlas en la empresa pública Industria Española del Aluminio (Inespal), pero trece años más tarde, el Ejecutivo presidido por José María Aznar toma la decisión de privatizar nueve de sus plantas, entre ellas la coruñesa, para vendérselas a Aluminum Company of America (Alcoa), líder mundial de este sector, por 381 millones de euros, aunque finalmente solo fueron 114 porque el Estado tuvo que hacerse cargo de la deuda, de comprar acciones a socios minoritarios y de reponer pasivos a corto plazo, por lo que la propia Administración reconoció más tarde que la operación fue deficitaria.

Durante su gestión, Alcoa cerró cinco de las fábricas que adquirió, acaba de vender las de A Coruña y Avilés y de tomar la decisión de cerrar la de aluminio de San Cibrao para dejar abierta solo la de alúmina en esa misma localidad. Ya antes de la venta de la planta coruñesa, los problemas se habían sucedido en los años previos, con amenazas de despidos masivos que implicaban un cierre y amparados en una supuesta falta de competitividad generada por el alto coste de la electricidad en España.

"No fue tan visible en los primeros años pero sí en los últimos", opina Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de empresa de la fábrica coruñesa, sobre la actitud de Alcoa con relación a su intención de cerrarla. El sindicalista destaca que son ya ocho los años que la plantilla lleva con movilizaciones constantes y destaca que las únicas inversiones realizadas por la compañía en la factoría fueron las obligadas por la normativa europea y las incluidas en el compromiso de venta.

"Cada vez que había que reducir producción de aluminio en el mundo a A Coruña le tocaba siempre", señala Corbacho, para quien la propia Alcoa creó un "problema estructural por no modernizar las plantas y no invertir para no depender tanto de la energía".

También pone de relieve que las plantas de Avilés y A Coruña tenían más de 500 empleados cada una cuando Alcoa se hizo cargo de ellas, mientras que cuando optó por cerrarlas la plantilla era de 380, y la producción se había reducido en más del 40%.

A pesar de que en el acuerdo de venta con el Estado Alcoa se garantizó el derecho a recibir una contraprestación por el aumento del precio de la electricidad durante 15 años y de que obtuvo beneficios de forma continua, la multinacional mantuvo una política contraria al mantenimiento de la actividad en España que se tradujo en 2018 en la decisión de cerrar las instalaciones de A Coruña y Avilés.

¿No eran rentables las plantas? Corbacho considera que Alcoa siempre obtuvo beneficios por su explotación, pero que además "es muy difícil hablar de beneficios en una multinacional, ya que traslada producciones de una planta a otra en función del margen de negocio que tenga", de forma que la rentabilidad "es muy manipulable". Para explicar esta situación pone como ejemplo que la fábrica coruñesa vendía productos al propio grupo por debajo del precio de mercado y que luego Alcoa lo vendía en otro lugares a un precio superior.

Sobre el argumento del coste de la electricidad que mencionaron los dirigentes de la multinacional, el presidente del comité asegura que "Alcoa busca paraísos energéticos porque la electricidad es la materia prima principal para producir aluminio y todo lo que no sea eso lo va cerrando". También comenta que el grupo adquiere empresas en países donde la energía no es competitiva "para quedarse con el mercado y después trasladan la producción a otros lugares donde los gobiernos prácticamente les regalan la energía", casos entre los que menciona los de Arabia Saudí, Noruega e Islandia.

Tras la decisión de la multinacional de clausurar las plantas de Avilés y A Coruña, los trabajadores se movilizaron hasta conseguir que la empresa aceptase buscar un comprador para las plantas, objetivo que se consiguió en 2019 con el compromiso del fondo de inversión suizo Parter Capital de adquirirlas y mantener los puestos de trabajo durante dos años.

Pero antes de que se cumpliera la mitad de ese plazo, el fondo, que redenominó a las factorías como Alu Ibérica, anunció su venta al Grupo Industrial Riesgo, dirigido por Víctor Rubén Doménech, investigado por la presunta comisión de delitos económicos, tras la reciente adquisición de una firma dedicada a la distribución de productos de perfumería. El temor a que la operación encubra una maniobra para desvalijar las dos fábricas hace que los trabajadores reclamen, con el apoyo de la Xunta en el caso coruñés, una auditoría financiera y técnica de la empresa que revele su actual situación.

Para Corbacho, es rentable producir aluminio en España "pero el problema de fondo es la regulación eléctrica". En su opinión, es necesario "un pacto de Estado para no cambiar la política que se aplica", por lo que estima que "es un problema político y precisa de una solución política mediante un consenso de Estado".

El portavoz de los trabajadores de la fábrica coruñesa asegura que las plantas españolas son "las más competitivas con respecto a otros países excluyendo la energía" y añade que el problema "no es la generación eléctrica, sino los peajes y las cargas que se le aplican". Para Corbacho, la nacionalización de las fábricas ante la grave situación en la que se encuentran "es la solución más drástica y más rápida, pero también se puede hacer una intervención temporal para crear ese marco eléctrico adecuado para la pervivencia de las factorías".

Según detalla, un plazo de tres años sería suficiente para comprobar el funcionamiento correcto del nuevo sistema de regulación del precio de la energía para las industrias electrointensivas. Una vez superado ese periodo, el sindicalista ve factible la venta de las fábricas a una empresa del sector, ya que piensa que "hay grupos interesados porque en otros países estas factorías funcionan cuando hay marcos estables".