19 de julio de 2020
19.07.2020
La Opinión de A Coruña

Ocupación: el conflicto de las mil caras

Activistas sociales advierten de que detrás de la ocupación ilegal subyacen problemas como las dificultades de acceso a la vivienda y la conflictividad social. Vecinos e inmobiliarias denuncian la falta de amparo legal

19.07.2020 | 01:07
Dos miembros de la familia que ocupa una casa en la Nacional VI en Perillo.

Los conflictos en torno a la ocupación ilegal de viviendas hacen correr ríos de tinta en toda España, también en A Coruña con casos en los barrios de A Zapateira y Palavea y en Perillo en Oleiros. Debajo de ese debate complejo se esconden múltiples actores y condicionantes económicos y sociales. El problema de acceso a la vivienda provocado por la crisis financiera de 2008, el aumento de la vulnerabilidad en las familias y unos servicios sociales limitados son elementos que contribuyen a conformar un problema que alarma a los vecinos y preocupa al sector inmobiliario, que se sienten desamparados

A principios de año, la empresa de alarmas y seguridad Securitas Direct publicaba un informe en su página web que arrojaba una serie de datos reveladores: de 2.000 encuestados, el 93% reclamaba condenas más duras para luchar contra la ocupación ilegal, así como una normativa que permita, llegado el caso, desalojos inmediatos. Es una cuestión que se ha convertido en los últimos años en una preocupación para algunos propietarios. ¿Está justificada? En algunos vecindarios de A Coruña se cree que sí. "Aquí nos sentimos vulnerables. Estamos entre Perillo y Palavea, dos zonas de ocupación ilegal alta. Te sientes insegura, cualquiera puede ser el siguiente", comenta una vecina de A Pasaxe. El número de las ocupaciones se ha disparado durante los meses de confinamiento y las inmobiliarias dicen que los propietarios se sienten "desprotegidos" por al ley. Activistas sociales advierten de que la situación no tiene una sola lectura, la de la conflictividad vecinal y la protección de la propiedad privada. Recuerdan que existe un verdadero problema de acceso a la vivienda que empuja a una parte de la población a asentarse en inmuebles que no les pertenecen y, además, decenas de pisos vacíos fruto del estallido de la burbuja inmobiliaria, muchos en manos de bancos o fondos de inversión. Las inmobiliarias niegan que el perfil del ocupante acuciado por las necesidades de vivienda sea el mayoritario.

Acceso a la vivienda

Palavea es un barrio en el que el problema se asienta desde hace un tiempo, y deja a sus espaldas una serie de conflictos de convivencia vecinal que han propiciado un clima actual que algunos de sus residentes juzgan "insoportable". En Perillo, la situación se remonta a finales del mes pasado, cuando una familia se instaló en una vivienda vacía y en bajas condiciones de habitabilidad, propiedad de una particular que lucha por desalojarla ante la perspectiva de una venta futura. En el primer caso, las viviendas ocupadas proceden de una promoción inmobiliaria afectada por el estallido de la crisis.

"Cuando una persona se ve abocada a ocupar para satisfacer una necesidad de vivienda, probablemente elegirá hacerlo en un edificio que sea propiedad de una entidad bancaria, que a ellos no les acucie demasiado, que ocupar la vivienda de un particular que quizá la necesite y desplegará los medios jurídicos necesarios para lograr el desalojo", explica el abogado y activista social Antonio Vázquez.

Según datos proporcionados por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) se calcula que a día de hoy existen solo en el área de A Coruña unas 350 viviendas en propiedad de entidades bancarias, fondos de inversión o la Sareb, (el llamado banco malo) muchas de ellas fruto de promociones inconclusas y ejecuciones hipotecarias. Son los ecos del estallido de una burbuja que, lejos de resonar en el pasado, redoblan en 2020 con más fuerza incluso que entonces.

"Las empresas inmobiliarias eran demasiado audaces, se metían a construir cantidades ingentes de vivienda. Todo dio un quiebro cuando la ciudadanía no pudo comprar. Hay paralizados miles de desarrollos urbanísticos. Si hay alguno mínimamente habitable, la gente aprovecha. No va a vivir debajo de un puente", reflexiona el letrado.

Sin embargo, los problemas de acceso a la vivienda a los que la población hace frente hoy en día no derivan única y exclusivamente de la crisis inmobiliaria. Algunos años antes, movimientos en pro del derecho a la vivienda digna gritaban en las calles "Ni casas sin gente, ni gente sin casas", denunciando la existencia de un gran volumen de vivienda vacía en las grandes ciudades. La recesión alimentó el fenómeno. Y otra burbuja de hoy en día, la del precio del alquiler, lo ha relanzado. "Entonces ya era un problema. Si se analiza en términos históricos, no debería extrañar que hayan aumentado los cargos de ocupación residencial", reflexiona Iago Carro, arquitecto y miembro del colectivo Ergosfera.

Carro insta a establecer la relación del problema con otros fenómenos del presente. Lo ejemplifica de la siguiente manera: invita a, de algún modo, meter en el mismo saco distintos situaciones que tienen que ver con el acceso a la vivienda. "Todo viene de la misma cuestión: el chaval que no puede alquilar dentro de su municipio y se tiene que ir a una periferia, la persona que vive debajo de un puente y la familia que tiene que acabar ocupando. Todo tiene que abordarse de la misma manera", propone.

El perfil del ocupante

Hace algo menos de un mes, un polémico vídeo corría como la pólvora entre los teléfonos móviles coruñeses. Mostraba a un grupo de jóvenes que, no contentos con haber ocupado una lujosa propiedad del barrio de A Zapateira, valorada en 800.000 euros, se vanagloriaban de su hazaña en redes sociales, en las que alardeaban de las condiciones privilegiadas de la mansión en la que tenían previsto pasar un espléndido verano. El vídeo, como era de esperar, suscitó la indignación popular, que no tardó en traducirse en una serie de concentraciones vecinales que sitiaron la propiedad de forma diaria, pidiendo la marcha de los intrusos. En el mismo barrio, no muy lejos, se producía una situación para muchos similar, pero que respondía a una causalidad del todo opuesta. Un matrimonio y sus cuatro hijos, de entre 18 meses y 12 años, ocupaba otra de las viviendas ante el apuro de no tener a dónde ir. Dos perfiles muy diferentes que, denuncian los activistas, tienen un tratamiento mediático y una percepción social cada vez más pareja.

"Hay que hablar de tres grandes tipos de ocupación. Primero, la okupación con k, como movimiento social e ideológico, por otra parte, la ocupación por estricta necesidad ante la carencia de recursos para hacer frente al coste de la vivienda. Por último, y quizás la figura que genera más alarma, la ocupación como negocio por parte de mafias para obtener una contrapartida y sacar beneficios. Es un fenómeno bastante residual", explica Antonio Vázquez.

La okupación ideológica no pasa desapercibida. Sus propios ejecutores son los encargados de proyectarla hacia fuera, a través de la promoción de las actividades que ellos mismos realizan en los inmuebles ocupados, los conocidos como Centros Sociales Okupados (CSO). En A Coruña, el caso de la antigua Comandancia de Obras, gestionada por el colectivo A Insumisa, fue el más sonado en su momento por su oferta cultural y alternativa y su posterior desalojo por parte del Gobierno local anterior. Aunque a veces la okupación ideológica y la ocupación por necesidad interseccionan, es importante, opinan, aprender a diferenciarlas para no homogeneizar los casos y tapar el problema soterrado.

"Se tiende a confundirlo todo. Es un tema complejo que exige que hagamos diferenciación. La okupación con k tiene un motivo político detrás, es una crítica a la propiedad privada. Lo otro es necesidad. No hacer diferenciación significa darle un valor político a la necesidad", reflexiona Carro, que insiste en que es una cuestión fundamental para entender hasta qué punto el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema con pocos visos de solución.

Rostros de un problema social

El caso de Perillo levanta estos días ampollas y debate a partes iguales. Por un lado, está la propietaria por herencia de la vieja casa, que había conseguido, por fin, un acuerdo para su venta tras años de abandono. Un dinero que, al estar en paro, no habría venido nada mal a la economía familiar. Tras conocer la noticia de la ocupación, una oleada de solidaridad corrió por el barrio, y a día de hoy, afectada y vecinos se congregan dos veces a la semana en el paso elevado sobre la Nacional VI para protestar contra los inquilinos no deseados. "Llevo así desde el día 26. No entiendo cómo no se les puede echar, es surrealista", lamenta la propietaria.

En el otro extremo del conflicto, la familia ocupa. Cuatro adultos y dos niñas de 8 y 12 años. En casa solo entra una Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) de 400 euros. A simple vista, resulta difícil creer que asentarse en una vieja casa destartalada en condiciones de semiabandono y sin agua corriente es la opción más óptima para un padre de familia. Tampoco lo piensa así el padre de esta familia, Jorge Delsaz, que asegura que no poder proveer a sus dos hijas de alternativas mejores no resulta, en absoluto, plato de gusto.

"Sé que es delito. Entiendo a la propietaria. Llevo tres años pidiendo a la asistenta social de A Coruña un piso de protección oficial. Con una Risga no puedo pagar el alquiler, me piden nómina, aval, fianza? Yo no quiero estar metido en esta situación. Pero no voy a irme debajo de un puente con mis hijas", asegura Jorge Delsaz. Durante estos años, ha barajado mil veces todo el abanico de opciones del que dispone.

Y no encuentra una salida mejor. Servicios Sociales les aseguran que, aunque no quieren verles en esa situación, no existe disponibilidad de pisos de protección. Ni puede ni quiere llevar a sus hijas a un albergue. Y la opción de separarse de ellas no está sobre la mesa. "No tengo por qué estar metiéndome en cincuenta mil casas okupa, pero no imaginas el dolor de un padre o una madre cuando lo separan de sus hijas", asevera. No es una solución por la que aboguen expertos u organismos de protección de menores, que suelen fijar la destrucción del núcleo familiar, separar a parientes e institucionalizar a los niños privándoles del apego familiar como la última de las opciones.

Mientras tanto, las dos caras del problema chocan dos veces a la semana sobre el puente de la Nacional VI a la espera de que las partes vayan a declarar el día 28. Un tira y afloja que no augura un desenlace pacífico y que tiene en las dos pequeñas a las mayores perjudicadas. "Mi hija tiene epilepsia, se puede morder la lengua si se pone nerviosa. A la mayor le dio un ataque de asma durante la quedada del otro día. No queremos llevarnos mal con nadie, ni somos agresivos, ni vendemos droga, ni nada de eso que se dice", insiste Jorge Delsaz.

Una situación que no es marciana para el letrado Antonio Vázquez, y una encrucijada de difícil solución, dada su experiencia. "Este fenómeno lo veo desde hace tiempo. Nunca contestan estas solicitudes. Hay un déficit por parte de la Administración pública por atender esta necesidad de vivienda cuando es una familia completa", revela. Haciendo memoria de su bagaje, recuerda únicamente dos casos fructíferos, en los que la presión del letrado fue fundamental para el éxito de la resolución. "O hay una intervención judicial o hay una presión social fuerte para que prospere. Existe una bolsa importante de vivienda que los bancos tienen a disposición de entidades como el Instituto Galego da Vivenda. La solución es el alquiler social con medios públicos", explica Vázquez.

Preocupación creciente

Sea cual sea su casuística, lo cierto es que la ocupación ilegal, del carácter que sea, se ha convertido en un quebradero de cabeza tanto para pequeños y grandes propietarios como para vecinos. Para estos últimos, en muchos casos, los conflictos derivados de algunos ocupas "molestos, o que no siguen las normas de convivencia", les han hecho plantearse, en ocasiones, abandonar sus hogares. En Palavea, tanto unos como otros vigilan sus espaldas. "Cuando salgo de casa, dejo todas las ventanas cerradas. Tengo miedo", asegura una vecina.

En el Agra do Orzán, donde hasta hace poco un edificio entero que permanecía ocupado en la calle José Baldomir constituyó el germen de problemas de violencia e insalubridad, las cosas parecen haberse tranquilizado, pero sus vecinos dicen mantenerse alerta ante lo que pueda pasar. Los residentes de A Zapateira ya han hecho saber a través de manifestaciones lo que opinan de que haya quien se asiente impunemente en los inmuebles colindantes a sus propiedades. Y no parece existir una solución de consenso, capaz de subsanar las necesidades de unos y otros.

Para los empresarios inmobiliarios, la ocupación residencial se ha convertido, tras el aumento de casos y su eco mediático, en un auténtico quebradero de cabeza que alcanza este año sus más altas cotas. "No se puede consentir. La sensación del que ocupa una propiedad es de una impunidad tremenda. Hasta hace poco, Galicia no era una autonomía en la que las ocupaciones tuvieran una presencia tan drástica como en Madrid", asevera el presidente de Fegein, Benito Iglesias. Denuncia que el sector se encuentra desprotegido por la legislación ante el conflicto, y, asegura, el perfil del ocupa de hoy dista mucho de representar al que allana movido por la necesidad.

"Es un perfil distinto. Cuando se recupera la propiedad ocupada, que es tarde, está en un estado lamentable. Nadie ha legislado", protesta. Ha sido, a su juicio, la inacción de los sucesivos ejecutivos estatales la que ha propiciado el caldo de cultivo para la impunidad de estas acciones. Pide, como medida de disuasión y prevención, que se endurezcan las penas y el delito de ocupación se sancione con cárcel. "Los ocupas no se pueden empadronar en las propiedades y pedir ayudas. Los hay que incluso extorsionan al propietario", manifiesta.

Preocupa al sector este nuevo perfil, que dista, a su entender, del mayoritario hace unos años, compuesto por familias sin recursos que de un día para otro se veían en la calle. Benito Iglesias propone, como posible paliativo para este caso, un compromiso conjunto de Administración y entidades bancarias, que propiciaría, además, un beneficio mutuo. "Galicia tendría que tener un parque social de viviendas para dar respuesta a las familias a quienes la crisis dejó contra las cuerdas. Un 50% de familias llega a fin de mes con dificultades a día de hoy", subraya. "Para las entidades bancarias, una reflexión: ¿merece la pena ejecutar una hipoteca y dejar una familia que va a cuidar la casa como si fuese suya en la calle? Luego queda la propiedad abandonada y da igual lo que pase con ella. Habría que llegar a un acuerdo con la familia cuya coyuntura económica cambia y, llegado el caso, darle una moratoria".

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