Una certificación exigida por el Gobierno central a la Xunta sobre la "plena disponibilidad" de los terrenos de la ría de O Burgo es ahora el nuevo escollo que impide poner en marcha el dragado de los lodos. Así quedó evidenciado ayer durante la reunión telemática que mantuvieron representantes de esas dos administraciones y de los cuatro ayuntamientos afectados.
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez -quien participó en la reunión junto con las titulares de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Mar, Rosa Quintana-, dijo que el Ministerio de Transición Ecológica "no deja de poner excusas constantes para avanzar en la actuación", ya que considera que ya cuenta con la disponibilidad de los terrenos porque el proyecto se desarrollará en dominio marítimo terrestre de titularidad estatal, a lo que añadió que la existencia de autorizaciones de marisqueo en la ría es compatible con la disponibilidad del terreno de su titular. Frente a la reclamación del Gobierno, Vázquez se ofreció a que la Xunta licite de inmediato los trabajos de dragado si desde Madrid se le facilitan los fondos necesarios, que se calculan en 46,3 millones de euros.
"Le pido a la Xunta que deje de confrontar con el Gobierno de España y que reme en la misma dirección para poder iniciar la tan demandada regeneración de la ría de O Burgo", declaró por su parte la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Rioboo, para quien está "claro" que el Gobierno de España tiene el "firme compromiso" de que se efectúe "ya" el dragado la ría.
En una carta remitida antes de esta reunión por la secretaria general técnica de la Consellería de Mar, María Isabel Concheiro, a la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, se califica de "absurdo" que la Xunta certifique antes del inicio de las obras que no se desarrolla actividad pesquera ni marisquera en los terrenos de la ría. Sobre esta cuestión se señala que el ministerio es conocedor de que esa labor se está realizando y que, además, "debe seguir desarrollándose mientras sea posible y no colisione con los trabajos de restauración ambiental".
Según la Consellería de Mar, certificar que esa actividad no existe "supondría impedir desde este momento la pesca y el marisqueo y privar de su medio de vida a muchas familias sin causa alguna que justifique la adopción de una medida así", a lo que añade que esa exigencia es todavía más inexplicable porque todavía ni siquiera ha comenzado el proceso de licitación del dragado y se desconoce cuál es el calendario que plantea el Ministerio de Transición Ecológica para llevar a cabo esta actuación.
La propuesta lanzada por la Xunta para gestionar la puesta en marcha de las obras supondría, según Ethel Vázquez, la licitación "de inmediato" del proyecto una vez que el Ejecutivo central le transfiriese los recursos necesarios. Para la conselleira de Infraestruturas, esta fórmula permitiría "impulsar definitivamente los trabajos", en los que consideró que hay "falta de avances" por parte del Ejecutivo central, mientras que la Xunta pretende que se realicen "cuanto antes" al calificarla como una actuación "estratégica, necesaria y urgente".
"Llevamos demasiado tiempo esperando", proclamó Vázquez, quien destacó que la regeneración de la ría aparecía ya como un proyecto con fondos consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 -que aún se encuentran en vigor- en los que aparecían 24 millones de euros destinados a su ejecución. La conselleira añadió que el Gobierno central cuenta también con fondos europeos que le permitirán costear el resto de la obra.
La réplica a la Xunta vino de la mano de la subdelegada del Gobierno, quien coincidió en que el ministerio "dispone ya del dinero" con el que se financiará el dragado y aseguró que para ponerlo en marcha tan solo hace falta que la administración autonómica "emita el pertinente certificado de disponibilidad de los terrenos".
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien también participó en la reunión, reclamó la licitación inmediata del dragado, que consideró "esencial" para recuperar la riqueza medioambiental de la ría y su actividad marisquera. Rey interpretó que el encuentro desarrollado ayer evidenció la diferencia de opiniones entre las administraciones autonómica y central respecto a la certificación de la plena disponibilidad de los terrenos sobre los que se realizará el dragado, pero advirtió: "No pueden pasar tres años de la declaración de impacto ambiental y que discutan por una certificación de terrenos que pueden poner en riesgo una actuación fundamental para el medio ambiente y para el sector marisquero".
