El pleno que ayer aprobó el nuevo reglamento de las escuelas infantiles municipales, que establece su gratuidad para el próximo curso, sirvió además para que el Gobierno local se comprometiera a poner en marcha un estudio económico sobre estos centros que establezca cuál es el coste real de cada plaza y la posibilidad de reducir las ratios de alumnos en las aulas. El reglamento salió adelante con los únicos votos de PSOE y Marea Atlántica, que habían llegado a un acuerdo sobre el texto la semana pasada, ya que el resto de los grupos de la Corporación se abstuvieron al discrepar sobre diferentes asuntos.

Pero BNG y PP coincidieron en la necesidad de que el Concello impulse la rebaja del número de niños por aula, lo que también reclaman las directoras de los nueve centros, que, al igual que estos grupos, presentaron alegaciones sobre esta cuestión que fueron desestimadas por el Gobierno local. Los socialistas se escudan en que la competencia sobre las ratios escolares es de la Xunta. También aludieron a que para fijar un número menor de alumnos por aula sería necesario aumentar el personal y la dotación económica para las escuelas, lo que requeriría del estudio económico que ayer se comprometieron a poner en marcha.

La sesión contó con la presencia de algunas de las directoras de las escuelas, quienes reclaman que el Concello garantice su equilibrio económico, ya que son gestionadas por empresas que no persiguen la obtención de beneficios y que en los últimos meses han sufrido dificultades. Precisamente el pleno aprobó ayer el destino de 78.500 euros a estas escuelas para que hagan frente a las necesidades surgidas durante este curso.

Populares, nacionalistas y la independiente Mónica Martínez recriminaron al Gobierno local que no acordase el reglamento con las directoras. Avia Veira se mostró dolida por que el texto no se pactase también con el BNG y reprochó que se conciban las escuelas infantiles como un mero servicio asistencial y no educativo, mientras que PP y grupo independiente expresaron su rechazo a que el gallego sea la lengua vehicular en esos centros, ya que recordaron que el secretario advierte de que así se incumple la legislación autonómica, que garantiza que las familias puedan elegir el idioma en el que se eduque a sus hijos.

Marea Atlántica reclamó por su parte que se garantice la cobertura de las necesidades de las escuelas infantiles generadas por la pandemia y expresó su preferencia por un modelo de gestión directa de estos centros.