01 de agosto de 2020
01.08.2020
La Opinión de A Coruña

La jueza avala que el Ejecutivo anterior anulase su compra irregular de un piso para alquiler

Una sentencia rechaza el recurso de un particular al que el Concello adquirió dos viviendas - La del fallo estaba registrada como oficina y no tenía la altura mínima para ser habitable

01.08.2020 | 00:40
Funcionarios municipales, en la visita a uno de los pisos comprados en el concurso para revisar sus condiciones.

La titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña ha rechazado el recurso del propietario de uno de los pisos que el Concello compró en el concurso público de vivienda para alquiler social convocado por el Gobierno local de Marea Atlántica. El vendedor demandaba la nulidad de la resolución del Ejecutivo anterior, de comienzos del año pasado, que anulaba la adquisición de ese inmueble por incumplir las bases del concurso. El demandante, que era simpatizante de Marea y al que el Ayuntamiento pagó 145.865 euros por esta propiedad y por otra ubicada en la calle Santander, había presentado medio año antes sin éxito un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que invalidaba la compra del piso.

La jueza concluye en la sentencia que la anulación de la compraventa del inmueble de la calle Joaquín Martín Martínez por parte del Concello se apoya en que el piso "carece de título urbanístico habilitante como vivienda" y "no cumple los requisitos de habitabilidad". Aunque en la oferta se presentó en el lote referido a las viviendas, estaba registrado como oficina, pese a lo cual fue admitido porque el plan general admite el cambio de uso del inmueble siempre que cumpla la normativa vigente en materia de accesibilidad y habitabilidad. Tras una revisión de oficio motivada por este incumplimiento y tras las críticas del PP y el PSOE, el Gobierno local anterior anuló la compra.

El grupo municipal del PP había señalado en 2018 irregularidades en la compra de los dos pisos que eran propiedad del simpatizante de Marea. Una de ellas era la altura mínima exigible para poder autorizar el cambio de uso a vivienda, 2,5 metros, que no alcanzaba. "Ni efectuando obras se alcanzaría la altura mínima para que el inmueble cumpla los requisitos de habitabilidad", señala la jueza apoyada en un informe pericial aportado por el propio recurrente y en las explicaciones técnicas del Servicio Municipal de Urbanismo.

"No es legalizable", sentencia la magistrada para desestimar el recurso interpuesto por el propietario, que añade que el hecho de que el Concello "hubiera dado otras licencias a inmuebles que no cumpliesen los requisitos no es objeto de este procedimiento".

La compra irregular de estos pisos puso en tela de juicio un proceso que enfrentó a los grupos municipales y derivó en que la oposición reclamase en un pleno extraordinario convocado para debatir el asunto la dimisión de los ediles de Marea Xiao Varela y Alberto Lema. El Gobierno local negó en principio los errores del concurso, pero revisó de oficio estos inmuebles y los adquiridos después. Los errores acabaron en el Consello Consultivo, que emitió informes que avalaron que el Ayuntamiento anulase la compra de los pisos. De los otros cuatro inmuebles adquiridos, solo uno quedó fuera de duda y los propietarios de los demás recurrieron al Concello. Esta es la primera sentencia sobre estos recursos.

El dueño del piso, tras un año de silencio, difundió un comunicado en el que criticó a la Corporación local al completo, con acusaciones de "acoso" al PP y de "desamparo" a Marea, y admitió que el conflicto le había causado "daños personales y ciudadanos".

Marea Atlántica expresó ayer que el fallo judicial reconoce "la legalidad del acuerdo de la Junta de Gobierno al desestimar las alegaciones del recurrente contra la anulación del concurso". Añade que el asunto "se cerró en el plano político, al reconocer el Ejecutivo anterior el fracaso del concurso".

"Cualquier otra interpretación -argumenta Marea- solo puede señalarse como un intento a destiempo y con mala fe de reabrir un asunto que ya fue cerrado en el plano político, cuando el anterior Gobierno municipal reconoció que el concurso fracasara, y, en el plano judicial, cuando la Fiscalía archivo el asunto sin encontrar indicios de delito".

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