03 de agosto de 2020
03.08.2020
La Opinión de A Coruña

El Puerto recurre el acuerdo unánime del Pleno para que La Solana sea pública

Alega que no hay interés público en que los terrenos dejen de ser privados, la calificación que le dio el PP en 2012 - Considera que el Concello puede expropiar el suelo si prospera

03.08.2020 | 00:33
Vista de los terrenos de La Solana.

La Autoridad Portuaria ha recurrido ante el Tribunal de Xustiza de Galicia la decisión tomada por la Corporación municipal por unanimidad en el Pleno del 16 de enero de este año de aprobar definitivamente el cambio de la calificación urbanística del suelo de La Solana de terreno dotacional privado a dotacional público. Con esta decisión, este suelo pasó a ser público en el plan general, como lo fue hasta la llegada del PP a la Alcaldía en María Pita, ya que fue en 2012 cuando el entonces Gobierno local, con mayoría absoluta, cambió la calificación de pública a privada en el documento urbanístico.

Este procedimiento para devolver los terrenos a su calificación original lo inició Marea Atlántica durante su mandato en el Ayuntamiento, en febrero de 2017, aunque fue aprobado de forma definitiva tras el cambio en la Alcaldía, con la socialista Inés Rey como regidora. El acuerdo afecta a la calificación urbanística de ese suelo, no al uso que realiza de él y no afecta a la explotación de las instalaciones deportivas por una concesionaria privada.

El hecho de que este cambio urbanístico fuese aprobado por unanimidad en el Pleno de la Corporación local y sea recurrido ahora, enfrenta al PP, no solo con su pasado, por haber introducido este cambio en el plan general, sino también con su presente, ya que al presidente del Puerto lo nombra la Xunta. Enrique Losada, designado por el PP, recurre desde la Autoridad Portuaria un acuerdo municipal que los populares apoyaron en el pleno de enero.

La Autoridad Portuaria formula en el recurso los argumentos que ya había esgrimido en sus alegaciones ante la Consellería de Medio Ambiente en agosto de 2017, en el trámite de evaluación ambiental, para intentar paralizar el procedimiento de cambio de la titularidad de privada a pública promovida por el Concello. Entonces -y también ahora-, alegaba que el interés en este cambio urbanístico era "particular" del Concello y no público y que podría derivar en una expropiación de los terrenos.

"Responde a un interés particular concreto, a un interés político que no persigue modificar el destino y uso urbanístico de unos terrenos, sino que persigue únicamente forzar su cambio de titularidad sin seguir los cauces habilitados para ello (subasta pública de bienes) en claro fraude de ley y desviación de poder", decía el escrito de la Autoridad Portuaria. Según ha explicado un portavoz de la entidad, son los mismos argumentos que se utilizan ahora ante la justicia.

En el trámite ante la Xunta, aducía también, en un informe económico, que no había "la más mínima justificación o motivación", ya que el Concello había utilizado como valoración para la expropiación el peritaje encargado por el Puerto para fijar el precio de salida de los terrenos en la subasta de la parcela que pretendía hacer de este suelo y que fijaba el precio mínimo en 1,38 millones de euros. El Puerto entiende que el Concello no podría adquirir la parcela por ese precio sino por el procedimiento de la expropiación.

Esa subasta está paralizada pero, en el Consejo del Puerto, solo el entonces concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, votó en contra de la operación. Varios representantes del PP, entre ellos la que después fue su candidata a la Alcaldía, Beatriz Mato, se posicionaron a favor de que estos terrenos pasasen a manos del mejor postor.

"La desviación de poder resulta evidente cuando el Ayuntamiento utiliza sus competencias urbanísticas para un fin distinto al previsto y para amparar una expropiación posterior que le permita obtener la titularidad de una propiedad al margen del procedimiento legalmente establecido o bien las utiliza para forzar a otra administración pública a aceptar una determinada oferta de compra en detrimento de su propio patrimonio". Con estos argumentos, en 2017, solicitaba a Medio Ambiente que la recalificación para que los terrenos fuesen públicos fuese declarada "nula". Son los mismos que esgrime ahora ante el Superior.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas

esquelasfunerarias.es