La decisión de la Autoridad Portuaria de recurrir la decisión unánime del Pleno para que los terrenos de La Solana vuelvan a ser públicos, tal y como lo eran antes de que el PP cambiase esta calificación en el plan general en 2012, enfrenta una vez más al Concello con el Puerto, ahora en los tribunales. La alcaldesa, Inés Rey, no quiso mostrar ayer el parecer del Gobierno local sobre esta decisión para evitar, según contestó a preguntas de este diario, "enturbiar" las negociaciones y las conversaciones que mantienen de forma habitual las dos instituciones.
El Gobierno local, sin embargo, sí que tendrá que dar explicaciones en la Comisión Especial do Bordo Litoral que convocará Marea Atlántica -que ostenta su presidencia-, ya que, en este foro, los partidos de la oposición le preguntarán al edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, cuáles son los pasos que está dando el Ejecutivo para cumplir el acuerdo que tomó el Pleno en enero por unanimidad de aprobar definitivamente que los terrenos de La Solana volviesen a ser públicos.
"Uno de los principales objetivos de este mandato es la recuperación del borde litoral. No es fácil. Hay distintas actuaciones a largo y medio plazo en la constitución de ese ente público de varias administraciones para gestionar la desafectación, la inminente apertura de los muelles de Batería y Calvo Sotelo para poder utilizarlos para la ciudadanía. Las negociaciones tanto con la Autoridad Portuaria como con la Xunta y el Ministerio, sobre todo con el Puerto, son frecuentes. Creo que todas las administraciones, en este caso, encontraremos una postura común para tratar estos temas", dijo ayer la regidora, que quiso evitar "entrar en polémicas" o en "un cruce de declaraciones entre el Concello y la Autoridad Portuaria que pudiese "enturbiar o distraer del foco principal".
"Creo que la Autoridad Portuaria debe actuar con responsabilidad y pensando en la ciudad. Ese es el objetivo del Gobierno local para el futuro del puerto", comentó, y reiteró que el diálogo sobre este y otros temas es "permanente" y que espera que desemboque, antes de que se acabe el mandato, en "una solución en común para la futura desafectación de los muelles".
El PP que, si bien votó a favor de la aprobación definitiva del cambio en el plan general en la sesión plenaria de enero, aseguró ayer que respeta "el derecho de la Autoridad Portuaria a recurrir a cuantos mecanismos legales considere oportunos para defender sus derechos si los considera vulnerados" y aclaró que es el Superior el que tiene que resolver sobre este asunto. Cabe recordar que el presidente del Puerto -Enrique Losada- es nombrado por la Xunta, en este caso, por el Ejecutivo del PP.
El grupo municipal popular explicó ayer su voto favorable a deshacer el cambio que había introducido cuando estaba en el Gobierno y contaba con mayoría absoluta en María Pita, porque, a su juicio, "no tenía relevancia práctica, ya que modificaba la calificación urbanística de una parcela que ya era de uso y titularidad públicas, pues Puertos del Estado es una entidad de carácter público", según relató el concejal Roberto Rodríguez, que añadió: "El tiempo ha venido a demostrar que estábamos en lo cierto, pues en nada ha variado el uso y la explotación de las instalaciones".
Los argumentos que utiliza la Autoridad Portuaria para intentar frenar que los terrenos sean públicos son los mismos que ya utilizó en el trámite urbanístico ante la Xunta. Entre sus argumentos, esgrimía que no era una recalificación basada en el interés público sino en el "particular del Concello".
Más tajante fue Marea Atlántica, durante cuyo mandato se empezaron los trámites para hacer ese cambio en el plan general que revertiese la decisión del PP de otorgarle al suelo de La Solana la calificación urbanística de suelo de titularidad privada.
"El recurso que presenta la Autoridad Portuaria al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia es muy grave. Pretende dinamitar la legitimidad de una decisión democrática, impulsada por un gobierno local en el ejercicio de sus competencias y avalada por la mayoría absoluta del Pleno del Corporación", denunció el concejal Xiao Varela.
La concejala del BNG Avia Veira cargó ayer contra el razonamiento del PP. "Precisamente lo que no se justificó por interés público fue el cambiazo de equipamiento público a equipamiento privado durante el Gobierno municipal del PP de los terrenos de La Solana y del hotel Finisterre, este último siempre olvidado pero que sufrió el mismo proceso y que nosotros siempre exigimos que volviera a ser equipamiento público", dijo ayer Veira. Recordó, además, que la recalificación se fraguó "una vez finalizados todos los plazos de exposición pública y de cara a la aprobación definitiva y sin que fuera exigencia de ninguna Administración pública".
Para la concejala del Grupo Mixto, Mónica Martínez, recuperar la condición de espacios libres de titularidad pública es "tan necesario que la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento deberían intentar llegar a acuerdos". En cambio -continúa- "la Autoridad Portuaria en vez de tratar de entenderse y colaborar, opta por recurrir mirando única y exclusivamente por su propio interés y sin dar la opción de otra planificación beneficiosa para la toda ciudadanía", comentó y tildó de "simplista" la gestión de la Autoridad Portuaria en este asunto. "Claro que el Concello tiene interés, interés en defender a sus ciudadanos, sus derechos a disfrutar de los espacios públicos que se le intentaron arrebatar y a decidir qué tipo de ciudad desean acorde con otras ciudades europeas cara a un futuro sostenible y azul", relató.
