06 de agosto de 2020
06.08.2020
La Opinión de A Coruña

Los mariscadores demandan ayudas para que la Xunta desbloquee el dragado de la ría

La legislación vigente exige que la Consellería do Mar certifique al Ministerio para la Transición Ecológica que los terrenos carecen de concesiones para licitar el proyecto

06.08.2020 | 00:56
Vista de la ría de O Burgo.

Los mariscadores de la ría de O Burgo exigen que se les reconozca como afectados por las obras de la regeneración del estuario "desde ya" para que la Xunta mande el certificado que el Ministerio para la Transición Ecológica requiere para poder licitar el proyecto, ya que es el único papel que falta para poder sacar a concurso el dragado.

La Xunta dice que no certificará que la ría está libre de concesiones -actividad marisquera- hasta que no se liciten las obras, porque entiende que ocasionaría un perjuicio económico a los mariscadores, que no tendrían permiso para ir a faenar, sin embargo, este documento es imprescindible para que se puedan sacar a concurso las obras, tal y como indica la Ley de Contratos del Sector Público y explica un informe de Abogacía del Estado solicitado por la Dirección General de Costas sobre este tema concreto.

"No se nos puede utilizar como excusa para no llevar a cabo el dragado de la ría", explica el portavoz de los mariscadores a pie, Manuel Baldomir. "Apoyamos el posicionamiento de la Xunta porque sí que es cierto que hay un plan de explotación en vigor en la ría de O Burgo. A nuestro entender, si decreta que no hay actividad marisquera, la Administración se lavaría las manos a la hora de indemnizar a los afectados", comenta Baldomir, que exige a Xunta y Estado que "se sienten" y solucionen este problema que es, esencialmente, económico y que pacten un documento en el que se les reconozca a los trabajadores que son "damnificados por el dragado y que, a partir de ya" se les proporcione "una salida económica hasta que finalicen las obras".

Esta petición la incluyeron también en las alegaciones al plan, ya que, durante los 23 meses -pueden ser menos, ya que las empresas pueden introducir mejoras no solo económicas sino también de tiempo en sus ofertas- que durarán las obras, la actividad marisquera no se podrá desarrollar según los planes de explotación previstos.

En una reunión mantenida ayer por la tarde entre la subdelegada del Gobierno, Pilar López-Rioboo, y representantes de la Cofradía de Pescadores, los mariscadores le propusieron una reunión en la que estuviesen representadas todas las partes implicadas, Ministerio, Xunta, sector marisquero y concellos para desbloquear la situación. Los mariscadores, según defiende también el patrón mayor, Felipe Canosa, demandan protección y, proponen también parar de trabajar solo durante las obras. "No nos pueden decir que nos vayamos para casa durante este tiempo y que nos ocupemos de vivir como podamos hasta que finalicen las obras. Tienen que buscar una salida económica a este tema", comenta Canosa, que sigue defendiendo la regeneración de la ría por ser "un bien" no solo para el sector marisquero sino para "toda la comarca".

En esta reunión, López-Rioboo se comprometió -según explica Canosa- a ponerse en contacto con Demarcación de Costas para interesarse por la fórmula en la que los mariscadores están recogidos en el proyecto final de regeneración -que no es público todavía y en el que se sabrá qué alegaciones se incluyeron y cuáles no- y cómo se podrían conjugar sus peticiones con las obras. "Hay que empujar fuerte por la regeneración, pero sin dejar a nadie en la estacada", comenta Canosa, que considera que, en este caso, la Xunta está "defendiendo" al sector marisquero al no mandar el único documento que falta para licitar las obras.

"Desde la Cofradía se le mandó un escrito a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, alertándola del problema que creemos que tenemos si mandan el papel sin que se nos reconozca como afectados", relata Baldomir, que confía en que, tras tantos años de lucha, ahora que ya hay proyecto y que Europa ha concedido los fondos para ejecutar el dragado -que ascenderá a casi 50 millones de euros-, se hagan las obras y no haya que volver a empezar. Toda vez que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto tiene una vigencia de cinco años, de los que está a punto de consumir los tres primeros, porque se aprobó el 27 de septiembre de 2017.

Los tiempos son importantes en este caso, ya que los fondos europeos concedidos requieren que las obras se justifiquen en 2021, es decir, que se hayan, cuando menos, iniciado para entonces.

Baldomir apunta a que, si la Xunta acredita que no hay concesiones marisqueras y ellos bajan a la ría podrían considerarlos furtivos y ser sancionados por faenar sin permiso, ya que se paralizaría el plan de explotación vigente, que es el que marca cuántos días van a poder extraer marisco en el año en qué zonas pueden hacerlo, cuáles son las capturas máximas de cada especie por profesional y las artes permitidas.

La ría pierde productividad cada año con el avance de los lodos, que merman su superficie fértil. En la visita que la representante del BNG en Europa, Ana Miranda, hizo con la delegación de la Comisión de Peticiones, en 2013, los lodos superaban el metro y medio de altura, una masa de contaminación que ha ido en aumento.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
esquelasfunerarias.es