La prisión provincial avanza en su deterioro enredada aún en la justicia. Y es que, aunque el Tribunal Supremo zanjó cualquier pretensión municipal de recuperarla sin pagar los 1,2 millones que firmó Francisco Vázquez con el Ministerio de Interior en 2005, queda otro pleito abierto, el presentado por el propio Gobierno central e Instituciones Penitenciarias por la falta de ejecución del convenio pasados quince años, que puede seguir la misma senda. Tres meses después, del carpetazo del Supremo, que inadmitió un recurso de casación, el Concello señala que hay varios caminos pero aún no ha decidido cuál seguirá. A priori, explican fuentes municipales, esperarán por la resolución del nuevo pleito pero no descartan abrir una vía de negociación por si la sentencia le acarrea intereses o si la tasación de las propiedades que formaron parte de la permuta en 2005 es diferente.

Los tribunales tumbaron la pretensión del Concello de obtener la reversión de la cárcel de forma gratuita, sin tener que ceñirse a aquel acuerdo previo del mandato vazquista que establecía que si quería recuperar el recinto, debía pagar 1,2 millones de euros, cifra fijada como diferencia de valor entre la parcela que ocupa la vieja prisión y la que en la actualidad acoge el Centro de Inserción Social, ubicada al lado, que se cedió a Interior.

En todo caso, la reforma de la prisión no está en la agenda cercana del Gobierno municipal, que aclara que, además de los tribunales, la utilización de las instalaciones depende de la reforma integral del edificio, que tasa en 30 millones de euros, una inversión "importantísima".

Las alarmas están encendidas en Proxecto Cárcere, que alerta que la prisión está "abandonadísima, de la mano de dios" y critica que, una vez que se ha resuelto el pleito, el Concello debe pagar esa cantidad y ponerse a trabajar pero "no tienen ni plan ni presupuesto para hacerlo". "Ni resolución ni no resolución", señala uno de sus portavoces, Tono Galán, que relata que hace dos meses enviaron una carta a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (Siepse) "denunciando el estado de abandono". Afirma que se ofrecieron a cuidarla, "que teníamos el refrendo de la ciudadanía". "Su respuesta fue que nos pusiésemos en contacto con el Concello y el Concello, ni caso", lamenta.

Poco después, prosigue, enviaron una misiva al Gobierno "con la normativa de cuidados que tiene que seguir cualquier propietario en la ciudad", algo que quedó "parado" con el confinamiento. Dicen que con el Ayuntamiento no tienen "ningún tipo de comunicación", que "cortaron el grifo sin saber por qué". Así, concluye Galán, lo que les queda es seguir cuidando el entorno en la medida de sus posibilidades. Durante este tiempo, la entidad se ha reunido con el concejal de Cultura, Chero Celemín; y la subdelegada del Gobierno, Pilar López-Rioboo, sin que hayan percibido resultados.