En las últimas semanas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales se han afanado en insistir a los vecinos de los concellos de la comarca de A Coruña que cumplan las restricciones impuestas por la Xunta para intentar contener el rebrote de coronavirus. Incluso en varios casos han tenido que recurrir a realizar denuncias para castigar comportamientos no permitidos. Sin embargo, las multas correspondientes no llegan por el momento a los domicilios de los infractores, ya que la Xunta ni los concellos se ponen de acuerdo en a quién le corresponde tramitar los expedientes sancionadores.

La Consellería de Sanidade, que ha dictado las restricciones a aplicar para luchar contra el coronavirus, se ha negado hasta la fecha a hacerse cargo de la tramitación de estos expedientes sancionadores. Los concellos se los remitieron, aunque les han sido devueltos. Ahora la situación cambia porque la Abogacía del Estado en A Coruña ha elaborado recientemente un informe en el que concluye que por "razones de conveniencia para la adecuada coordinación entre administraciones como por razones competenciales de instrucción y resolución" los procedimientos deberían "dirigirse preferentemente a la Administración autonómica", aunque el autor del propio informe reconoce que "no corresponde a la Administración General del Estado dirimir quién es efectivamente competente en el presente caso parece claro que las discusiones competenciales sobre unas restricciones autonómicas, que no locales, deban cuando menos coordinarse a nivel autonómico". Este informe analiza las sanciones relacionadas con el uso de mascarillas.

En el documento también se advierte que "muchos municipios pueden negarse a instruir unos procedimientos en materia de sanidad sin previsión en su ordenanza", con lo que el autor opta por una coordinación a nivel autonómica.

En base a este informe, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) solicita al Ejecutivo autonómico que "asuma sus competencias sancionadoras en materia de sanidad pública y de ejecución y gestión sanitaria, es decir, que la Xunta asuma sus competencias sancionadoras del incumplimiento de llevar mascarilla o de las restricciones impuestas", según informó a los concellos en una comunicación. La Fegamp ha solicita una reunión con la Consellería de Sanidade para aclarar las competencias de los concellos y de la Administración autonómica.

El Gobierno gallego comunicó a los alcaldes del área metropolitana de A Coruña presentes en la reunión diaria que mantienen sobre la pandemia que en los próximos días remitirá unas directrices de cómo actuar ante estos procedimientos sancionadores ante las dudas surgidas.

Este galimatías burocrático ha provocado situaciones complejas durante las últimas semanas. Concellos de la comarca remitieron todas las denuncias a la Consellería de Sanidade para que instruyese los correspondientes expedientes sancionadores, pero esta rechazó asumir esta tarea y decidió devolverlos a su origen. Tras el informe elaborado por la Abogacía del Estado, las denuncias han vuelto a ser remitidas a la Xunta, aunque en mayor cantidad al haber pasado varios días por el medio.

Los agentes de la Policía Nacional que patrullan por la ciudad de A Coruña también sufren la falta de coordinación entre administraciones. Fuentes policiales señalan que no se ha facilitado un formato de modelo de la acta de infracciones derivadas de la resolución de la Xunta en la que se establecen las restricciones, lo que provoca que cada comisaría de Policía Nacional y de Policía Local esté aplicando formatos diferentes para proponer similares tipos de infracciones, "lo cual incide en la adecuada tramitación".

Los concellos que más estrictos han sido con las medidas para combatir el coronavirus han sido Cambre y Arteixo, que decretaron la suspensión de sus ferias y el cierre de sus centros cívicos. En Arteixo están cerradas, además, dos áreas recreativas. En A Coruña el pasado viernes tuvo que cerrar el centro sociocultural Ágora, en O Ventorrillo, por un positivo en una profesora de uno de los campamentos municipales. A lo largo de la jornada, se ha procedido a desinfectar las instalaciones.