La Consellería de Sanidade comunicó ayer a los concellos del área metropolitana de A Coruña que trabaja, en coordinación con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), en la elaboración de un reglamento que aclare cómo se deben tramitar las sanciones por incumplir las restricciones impuestas por el Gobierno gallego para luchar contra la propagación del coronavirus, entre las que se encuentra el uso de la mascarilla, que se convirtió en obligatoria hace dos meses. Las multas correspondientes no llegan por el momento a los domicilios de los infractores, ya que la Xunta ni los concellos se han puesto de acuerdo en a quién le corresponde tramitar los expedientes sancionadores.

Sanidade, que dictó las restricciones, se ha negado hasta hace pocas fechas a hacerse cargo de la tramitación de estos expedientes sancionadores. Los concellos se los remitieron, aunque les han sido devueltos. Ahora la situación ha cambiado porque la Abogacía del Estado en A Coruña ha elaborado recientemente un informe en el que concluye que por "razones de conveniencia para la adecuada coordinación entre administraciones como por razones competenciales de instrucción y resolución" los procedimientos deberían "dirigirse preferentemente a la Administración autonómica". En el documento también se advertía que "muchos municipios pueden negarse a instruir unos procedimientos en materia de sanidad sin previsión en su ordenanza".

En base a este informe, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) solicitó al Ejecutivo autonómico que "asuma sus competencias sancionadoras en materia de sanidad pública y de ejecución y gestión sanitaria, es decir, que la Xunta asuma sus competencias sancionadoras del incumplimiento de llevar mascarilla o de las restricciones impuestas", según informó a los concellos en una comunicación.

Para facilitar las tareas de inspección de las fuerzas de seguridad y de las policías locales, la Xunta publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una orden que agiliza notablemente los plazos para poder actuar inmediatamente para poder actuar ante aglomeraciones o gente que no usa mascarilla en espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios públicos, tanto al aire libre como en establecimientos. De este modo, podrán suspender el acto en cuestión o desalojar el lugar.

El Ejecutivo autonómico señala que se trata de una "modificación de la orden de medidas para hacer frente al Covid que busca facilitar la labor" de policías y guardias civiles en el control de espectáculos y actividades recreativas. "Se trata de facilitar las labores de inspección y que, ante un incumplimiento manifiesto, los agentes puedan tomar medidas inmediatas de modo directo", afirma la Xunta.

Esta medida es aplicable a representaciones, exhibiciones, actuaciones, proyecciones, competiciones o audiciones de concurrencia pública de carácter artístico, cultural y deportivo. También se ven afectadas las actividades recreativas, es decir, aquellas que ofrecen al público, personas espectadoras o participantes actividades, productos o servicios con fines de recreo, entretenimiento u ocio.