La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) niega que la Xunta se haya puesto en contacto para clarificar la tramitación a seguir con las multas por incumplir las restricciones impuestas para controlar los contagios del coronavirus. Así lo explica su presidente, Alberto Varela, que indica que "no se está trabajando" de forma conjunta y que por el momento no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de del Gobierno gallego. La entidad insta a la Administración autonómica a que dé una pronta solución después de que la Abogacía del Estado concluyese en un informe que los expedientes sancionadores debe tramitarlos "preferentemente" la Consellería de Sanidade.
Esta respuesta llega después de que esta semana a los concellos del área metropolitana de A Coruña que trabaja, en coordinación con Fegamp en la elaboración de un reglamento que aclare cómo se deben tramitar las sanciones. Por su parte, el Ejecutivo autonómico, a consulta de este diario, se limita a decir que "se está trabajando" en este tema.
"No hay base legal para que los ayuntamientos tramiten los expedientes", señala el presidente de la Fegamp, Alberto Varela. También asegura que sería necesario "llevar una ley" al Parlamento de Galicia para que pudiesen asumir esta competencia en temas sanitarios.
Hasta ahora Sanidade se ha negado a tramitarlos y se los ha devuelto a los concellos. Esto ha provocado que las multas no estén llegando a los domicilios de los infractores. La situación ha cambiado porque la Abogacía del Estado en A Coruña ha elaborado recientemente un informe en el que concluye que por "razones de conveniencia para la adecuada coordinación entre administraciones como por razones competenciales de instrucción y resolución" los procedimientos deberían "dirigirse preferentemente a la Administración autonómica". En el documento también se advertía que "muchos municipios pueden negarse a instruir unos procedimientos en materia de sanidad sin previsión en su ordenanza".
En base a este informe, la Federación Galega de Municipios e Provincias ya había solicitado al Ejecutivo autonómico que "asuma sus competencias sancionadoras en materia de sanidad pública y de ejecución y gestión sanitaria, es decir, que la Xunta asuma sus competencias sancionadoras del incumplimiento de llevar mascarilla o de las restricciones impuestas", según informó a los concellos en una comunicación hace unos días.
Este galimatías burocrático ha provocado situaciones complejas durante las últimas semanas. Concellos de la comarca remitieron todas las denuncias a la Consellería de Sanidade para que instruyese los correspondientes expedientes sancionadores, pero esta rechazó asumir esta tarea y decidió devolverlos a su origen. Tras el informe elaborado por la Abogacía del Estado, las denuncias han vuelto a ser remitidas a la Xunta, aunque en mayor cantidad al haber pasado varios días por el medio.
Para facilitar las tareas de inspección de las fuerzas de seguridad y de las policías locales, la Xunta publicó esta semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una orden que agiliza notablemente los plazos para poder actuar inmediatamente para poder actuar ante aglomeraciones o gente que no usa mascarilla en espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios públicos, tanto al aire libre como en establecimientos. De este modo, podrán suspender el acto en cuestión.
