La empresa Hércules de Armamento, que fue expulsada por el Gobierno de las instalaciones de la fábrica de Armas en Pedralonga el pasado mes de febrero, acumuló pérdidas de más de 6,22 millones de euros en los cinco años que estuvo al frente de la factoría. En la cuenta de resultados, ningún año se cerró a cero o con saldo positivo, todos en números rojos

En el primero, tras ganar el concurso para hacerse con las instalaciones y comprometerse a crear 155 puestos de trabajo en la ciudad, los números fallaron. El descuadre fue de algo más de 266.000 euros. En el segundo, 2015, cuando tendría que haber empleado a 200 operarios más y mantener a los del año anterior, esa cifra casi se duplicó, superando el medio millón de déficit.

La evolución en 2016 siguió el mismo ritmo, incluso un poco superior, ya que el saldo negativo se quedó en 1,18 millones de euros. En 2017 mejoró un poco, y redujo el déficit, pero cerró el ejercicio con un descuadre negativo de casi 900.000 euros. En 2018, la cifra se disparó hasta superar los dos millones de euros en números rojos (2,71 millones). En su último año, 2019, ya con la orden de desalojo de las instalaciones sobre la mesa y el proyecto de las Ciudad de las TIC en ciernes, la empresa cerró el ejercicio con 671.000 euros de pérdidas.

En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la casilla de la cifra de negocio está vacía, un número que, en su mejor año, el 2018, fue de 116.000 euros. También la de los empleados que tuvo la factoría en su último año, 2019.

La falta de actividad industrial, los problemas para pagar el canon, el incumplimiento del contrato firmado con el Estado y la posterior orden de desalojo son los mimbres con los que se construyen las cuentas que dan unas pérdidas de más de diez millones de euros a 31 de diciembre de 2019. De esos diez millones, tan solo 42.796 euros corresponden a deudas con entidades de crédito. El grueso corresponde a pagos que la empresa debía hacer a acreedores comerciales y otras cuentas a pagar durante estos cinco años de gestión de las instalaciones. En este apartado, la deuda asciende a más de 8,2 millones de los que solo 38.000 euros corresponden a proveedores.

La cifra de la deuda fue creciendo a pasos agigantados durante los cinco años en los que Hércules de Armamento estuvo al frente de la fábrica de armas. El primer año no llegaban al millón de euros, en el segundo, rozó los tres; después, subió a cinco y, en el cuarto año se instaló en los 6,5; en el cuarto sobrepasó los nueve millones y ya, en su último ejercicio, los diez.

Las deudas más grandes que acumula la empresa son con la Seguridad Social, Hacienda y con los trabajadores. Durante estos años, tuvo problemas también para pagar la factura de la empresa encargada de la seguridad, lo que hizo que perdiese el permiso para fabricar armas, y, ya con la orden de desalojo a punto de ejecutarse y con la negativa del gestor de la empresa, Ramón Mejuto, a abandonar la nave voluntariamente, carecía de agua y de luz, por impago de las facturas. Para entonces, en agosto del año pasado, defendía que tenía todavía a más de medio centenar de trabajadores en nómina, de los que decía que estaban "muy implicados" en el proyecto a pesar de llevar meses sin cobrar. Y se afanaba en decir que todavía podía reflotar la empresa con nuevos inversores, a pesar de que, para estas instalaciones había ya otros planes: la Ciudad de las TIC y de que esas inyecciones de dinero nunca llegaron.

En cuanto al canon de 250.000 euros anuales que la empresa debía pagar al Estado por utilizar las instalaciones, -y que inició el proceso de rescisión del contrato por incumplimiento- tuvo que ser cobrado con cargo al depósito que Hércules había realizado para poder hacerse con la gestión de la factoría.

Sin actividad, sin ingresos, con deudas y sin la inversión necesaria para crear negocio, los fondos propios de Hércules de Armamento, pasaron de los 3.000 euros iniciales que tenía en 2013, para poder acceder a la adjudicación, a cinco millones, pero en números rojos. Solo en 2015 aparece un apunte de 343.000 euros de una aportación de un socio, insuficiente para reflotar una empresa sentenciada.