Empieza septiembre y, con él, las tareas para elaborar los próximos presupuestos. Han de hacerlo el Concello, la Xunta y también el Gobierno del Estado, del que dependen grandes proyectos en la ciudad, y que necesita del apoyo de otras fuerzas para poder sacarlos adelante. Las negociaciones se acaban de poner en marcha en Madrid y A Coruña estará pendiente de ellas.
El primero de los asuntos y, quizá, el más urgente para la ciudad y la comarca, por la vuelta atrás que supondría perder la financiación europea es el dragado de la ría de O Burgo. Actualmente, el dinero no es un problema para su licitación, ya que el Ministerio de Medio Ambiente recibió la confirmación de la Comisión Europea, en el mes de febrero, de que la obra -cuyo valor estimado asciende a 48 millones e euros- podría contar con el apoyo de los fondos Feder, que cubren hasta el 80% del importe total.
El atasco, actualmente, es burocrático, ya que la Xunta rechaza liberar los terrenos de las concesiones que tiene vigentes hasta que se saque a concurso la obra, algo que no va a ocurrir hasta que la Administración estatal cuente con la confirmación de que los terrenos están a su disposición, basándose en un informe redactado por la Abogacía del Estado sobre este particular. Si las obras no se licitan en breve, el Estado podría perder la financiación europea, ya que esta inyección económica procede de unos fondos específicos que tienen marcados los plazos de ejecución. En este caso, entre 2014 y 2020, aunque los trabajos se podrían justificar durante el siguiente ejercicio.
En los presupuestos -tanto del Estado como de la Xunta- se verá qué planes tienen las Administraciones para desbloquear esta situación que pasa, a falta de una solución más imaginativa y que llegue antes que las cuentas, por que los mariscadores sean reconocidos desde ya como afectados por la ejecución de las obras y puedan percibir prestaciones económicas para compensar que no puedan bajar a faenar. La Xunta, en enero del año pasado, había propuesto financiar con un 10% un plan social para que los mariscadores no se queden sin ingresos por las obras de regeneración del estuario, aunque no ha avanzado con las demás administraciones en esta oferta.
En este caso, el tiempo no solo apremia por la financiación sino también porque la Declaración de Impacto Ambiental caduca a los cinco años y fue aprobada en 2017. En caso de que no se iniciasen las obras, habría que volver a empezar. Fuentes del Gobierno local consideraron ayer que este tema está ahora enquistado "por una cuestión menor" y reclaman que la ejecución "no se puede demorar más".
Sobre la mesa, el Gobierno de coalición tendrá también la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria por la construcción de la dársena exterior de Langosteira. Fue la vía elegida en Valencia, a cambio de que la Generalitat Valenciana -en aquel momento, en 2018, en coalición del PSOE y de Compromís- votase a favor de la ampliación del techo de gasto. Es una petición que ha ido a Pleno en varias ocasiones y que, con matices, siempre ha obtenido respaldo. Si bien el Gobierno local no se posiciona a favor de la condonación -justifica que no es posible legalmente al igual. que el Gobierno central- sí que considera que ha de buscarse una solución a la deuda contraída por la Autoridad Portuaria que no pase por vender los muelles interiores e "hipotecar" la fachada litoral de la ciudad.
Muy ligado a este tema está el histórico enlace ferroviario del puerto exterior. Es una infraestructura indispensable para que la infraestructura funcione a su máxima capacidad, aunque todavía no se ha ejecutado.
En la lista de los temas que el Estado tiene pendiente con la ciudad y cuyo futuro se conocerá tras la elaboración de los presupuestos y su posterior negociación -en esta fase las formaciones pueden presionar para conseguir algún proyecto concreto a cambio de su voto favorable-, está también la construcción de la intermodal, una obra que acumula retrasos no solo con respecto a sus propios plazos iniciales sino que va por detrás de otras ciudades gallegas en las que las obras están ya avanzadas, como en Santiago o en Pontevedra. La mejora de la red ferroviaria, que conecta A Coruña con el resto de Galicia es otra de las reivindicaciones históricas de la ciudad y que siempre se quedan en papel mojado, poniendo especial incidencia en las conexiones con Lugo y Ferrol.
La pasarela de Pedralonga, una infraestructura necesaria para la seguridad de los peatones del barrio, estaba previsto que se empezase a construir este año. En septiembre del año pasado, con el Gobierno del Estado en funciones, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, había anunciado que el proyecto estaba a punto de ser licitado por 800.000 euros. Finalmente, las obras no comenzaron.
Otra idea que se queda siempre en el banquillo es la de la humanización de Alfonso Molina que, si bien cuenta con un proyecto ya, este no se llega a poner en marcha nunca. Y, por último, la llamada cuarta ronda, una carretera convencional de algo menos de tres kilómetros de longitud y un coste de 27,3 millones proyectada por Fomento para prolongar el acceso a Langosteira hasta llegar a la tercera ronda, de tal modo que el puerto exterior conecte con los polígonos industriales. En los presupuestos del año pasado, esta infraestructura contaba con una partida específica para su construcción. En el apartado de carreteras, entran también como necesarias el Vial 18, que es la carretera que unirá la tercera ronda con la AP 9, y la ampliación del puente de A Pasaxe, para mejorar la movilidad en la ciudad.
