El Concello sopesa prorrogar el plazo para ampliar las terrazas

La decisión final de mantener o no el permiso se tomará tras consultar con las autoridades sanitarias, y siempre en función de la evolución de la crisis epidemiológica. Fue precisamente la pandemia la que motivó la medida durante la fase 1, para "garantizar la distancia social" y compensar la reducción de aforos.

La nueva norma se aplica desde entonces a determinadas calles de la ciudad, y con varias condiciones. Las terrazas no pueden entorpecer el tránsito de los viandantes, y las mesas y sillas instaladas no pueden exceder el total de las que constan en su solicitud de licencia. Cada una debe guardar con las otras una distancia de dos metros, con el fin de prevenir los posibles contagios. La medida incluye plazas y calles peatonales, como las de la Ciudad Vieja, Corcubión (mercado de As Conchiñas), Emilia Pardo Bazán, Posse y A Gaiteira, así como la de Barcelona, Ángel Senra, Manuel Azaña, Cuba, María Pita, Lugo y España.

Además, las terrazas pueden expandirse en calles con un mínimo de cinco metros de ancho. Es el caso de vías como la avenida Linares Rivas, el Cantón Pequeño y la avenida de la Marina.

Discrepancias con la medida

La ampliación de las terrazas ha generado cierto roce entre algunos vecinos y los hosteleros en la calle Emilia Pardo Bazán, donde los locales se han distribuido por las plazas de aparcamiento en el tramo comprendido entre Juan Flórez y Marcial del Adalid. La zona cuenta con media docena de estos negocios, constituidos en la asociación La Condesa de Emilia Pardo Bazán, que solicitaron al Concello la peatonalización del sector de forma temporal hasta mediados de mes.

Actualmente, los propietarios de los establecimientos se encuentran recogiendo firmas para que la medida sea definitiva, mientras que una parte de los residentes hace lo propio para evitarlo. Los primeros aseguran que la medida les ha salvado de "cerrar negocios, destruir empleos y dejar a familias sin comer" tras las restricciones impuestas por la epidemia, frente a unos habitantes que denuncian ruidos, suciedad, aglomeraciones y falta de opciones para el aparcamiento.

Carmen Zaldívar, residente en la zona, es una de las que se opone a prorrogar la medida. Indica que muchos propietarios temen que se convierta "en una calle de vinos", y que la peatonalización anime "a que se abran más bares". Los que hasta el momento se extienden por la vía impiden "que la gente pueda abrir las ventanas" por el bullicio, y asegura que las terrazas generan una situación de inseguridad. "Yo salgo y estoy rodeada de gente, que además fuma delante de los portales. Muchos vecinos tienen miedo porque no es el momento de favorecer reuniones sociales y de que se acumule gente en la vía", apunta.

Del lado de los hosteleros, la realidad parece ser muy distinta. El gerente de Casa Pilar, Antonio Vargas, señala que la recogida de firmas para que el espacio ganado sea definitivo responde a una petición de los propios residentes, de los que "el 90%" está a favor de la medida. Con el resto defienden que no quieren "enfrentamientos", y que entienden que la nueva norma les "pueda molestar si están acostumbrados a aparcar aquí". Alegan sin embargo que el de los automóviles "no es el modelo de ciudad" que quieren, y que los clientes -que según Zaldívar están disgustados por la ausencia de opciones de parking más allá de la plaza de Vigo- pueden "ir andando".

Para Vargas, las ventajas ganan a las desventajas por un amplio margen. "Los vecinos ven la calle despejada, sin atascos. Los niños pueden ir de paseo y un camión cisterna pasa todos los días para limpiar", comenta. Junto a ellos se benefician los hosteleros, porque "con la reducción del aforo al 50% y la prohibición de usar la barra, estábamos muertos". Peatonalizar la zona, esgrimen, les ha dado "un poco de aire", y les ha permitido ampliar las plantillas y generar nuevos puestos de trabajo.

De ellos viven, calcula, en torno a 42 familias. Parte de las que no se nutren de ellos, sino que en cambio viven sobre los locales encuentran una buena lista de inconvenientes que dificultará al Concello acometer la resolución final. Al contrario de lo que afirman los hosteleros, los residentes denuncian que los bares no recogen sus terrazas para limpiar las aceras, y que el bullicio que estas generan resulta molesto. Para los empresarios hay, al contrario, "menos ruidos que nunca", porque las restricciones sanitarias obligan al cierre de los bares a la una de la madrugada.

Los denunciantes han pedido audiencia con la concejalía de Urbanismo y con la alcaldesa Inés Rey, a la que acusan de no contar "con los vecinos" y apoyar "solo a la hostelería". "Han decidido cambiar la vida a 100 vecinos sin contar con nosotros y están destruyendo nuestro barrio de toda la vida", critica una de las propietarias. Afirman que no aceptarán que se peatonalice a no ser que el Ayuntamiento les presente un proyecto en consenso con los residentes, el único reducto que parece haber dentro de dos posturas tan irreconciliables. Los hosteleros aventuran que la zona podría ser "un bulevar precioso", y que su conversión no dañaría el tráfico dada la existencia de Federico Tapia como calle paralela.