La transformación de la fachada marítima con el fin de abrir la ciudad al mar una vez liberados los muelles urbanos tendrá un nuevo estudio, que elaborará la Universidade da Coruña por encargo del actual Gobierno local. La alcaldesa, Inés Rey, y el rector, Julio Abalde, firmaron ayer un convenio para afrontar de forma conjunta la "definición de las líneas estratégicas para reordenar el borde litoral". El acuerdo permitirá estudiar los usos de los muelles urbanos con la posibilidad de plantear cambios -"analizar escenarios alternativos", señala el texto- en los convenios de 2004, con los que se definió la operación de venta de esos terrenos para financiar la construcción del puerto exterior.

El equipo de trabajo que analizará esa estrategia de transformación en el borde marítimo de la ciudad estará dirigido por Carlos Nárdiz, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela de Ingenieros de Caminos de A Coruña. El convenio prevé el estudio de las características y los problemas urbanísticos que entrañan las llamadas zona 1 y zona 2 del ámbito, que corresponden respectivamente a los muelles de Batería y Calvo Sotelo (donde el ordenamiento permite espacios libres y edificaciones terciarias); y a la estación de mercancías y los muelles petrolero y de San Diego (donde están previstos pisos), incluidas en el convenio de 2004 para reordenar los terrenos. El estudio pretende abordar la definición de usos y edificabilidades cuando se desafecten, así como la búsqueda de fórmulas de financiación y gestión de ese suelo. La estrategia plantea "la definición de las características que debería tener un nuevo convenio entre las administraciones implicadas que sustituya al de 2004".

"Es necesaria una alianza entre el Puerto y la ciudad", instó ayer el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, en la firma del convenio. El concejal insistió en que se trabajará de la mano con la Autoridad Portuaria, que no estaba presente en el acto. El llamamiento trata de retomar las relaciones entre el ente portuario y el Ejecutivo local, enturbiadas durante el mandato anterior y que acabaron dinamitadas definitivamente cuando el presidente de la Xunta, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria decidieron el futuro de los terrenos portuarios en un preacuerdo sin contar con el Concello, en el que, entre otras cuestiones, el Gobierno gallego se comprometía a aportar 20 millones de euros que contribuyesen a paliar parte de la deuda por Langosteira, a cambio de controlar el 51% de los terrenos de Batería y Calvo Sotelo. Paralelamente, la Autoridad Portuaria encargaba un diseño al urbanista Joan Busquets, que había firmado ya la propuesta de 2006, y el Concello abría un concurso de ideas para definir su proyecto.

"Es un desafío prioritario para la ciudad romper los muros que impiden a su gente ocupar espacios que le pertenecen", destacó la alcaldesa, Inés Rey. "Los proyectos de la Universidad están siempre abiertos tanto a las instituciones como a la ciudadanía", proclamó el rector, Julio Abalde. Sobre la mesa estará también la constitución de un Consorcio o ente que gestione la transformación.

Laboratorio de Movilidad

La Universidad coruñesa y el Ayuntamiento aportarán 50.000 euros (el 85% la administración local) para la ejecución de las actuaciones previstas en la definición de estrategias. Además firmaron otro convenio por 75.000 euros, en el que el Concello aporta 60.000, que tiene por objeto la creación de un Laboratorio de la Movilidad Sostenible, cuya responsabilidad recae en los profesores de la UDC del grupo de Ferrocarriles y Transportes Margarita Novales Ordaz y Alfonso Orro Arcay. En este proyecto, de alcance urbano y metropolitano, se tratará toda la información relacionada con la movilidad en el entorno geográfico de A Coruña de la que disponen el Concello, la Universidad y otras instituciones que quieran facilitar datos. La alcaldesa destacó la "visión metropolitana" del Goberno local a la hora de abordar "los problemas de movilidad que no solo afectan a los vecinos de la ciudad sino a un área metropolitana de cerca de 400.000 personas, que precisan una movilidad de futuro y sostenible acorde con los objetivos de la agenda 2030". Díaz Villoslada avanzó la posibilidad de "apostar ya por el tren de cercanías".