08 de septiembre de 2020
08.09.2020
La Opinión de A Coruña

Urbanismo concluye que ningún técnico cometió negligencia grave en el edificio Fenosa

El Gobierno local desvela que un informe de un director de área del Ejecutivo anterior ya exculpó a los políticos que avalaron la licencia y Marea replica que es un texto preliminar y que señala responsabilidades "que el PSOE deja a cero"

08.09.2020 | 00:55
Viandantes cruzan la calle frente al edificio de la antigua sede de Fenosa en Fernando Macías.

El Concello ha echado la llave a la búsqueda de responsabilidades por la licencia ilegalizada del edificio Fenosa. En un decreto del 6 de agosto desvelado el lunes por este diario, el departamento de Urbanismo concluye que no concurren las circunstancias para que ningún técnico o político tengan que hacerse cargo personalmente de las indemnizaciones generadas por el fin del pleito, a través de una mediación intrajudicial que evitó el derribo del inmueble. Acepta las alegaciones de los dos técnicos señalados (dos arquitectos municipales), responsables de dar el visto bueno al proyecto en 1997; entiende que no hubo dolo, culpa o negligencia grave (supuestos a los que obliga la ley para que una mala praxis tenga consecuencias); y concuerda en que, como el proceso no se resolvió a través de una sentencia sino a través de una mediación, no procede dicha acción administrativa. La causa se cierra sin responsables y con un coste para las arcas municipales de 2,97 millones para el denunciante y las compensaciones al casi centenar de propietarios de entre 9.000 y 12.000 euros.

El Gobierno local defendió ayer que es un informe del Ejecutivo de Marea fechado el 22 de mayo (cuatro días antes de las elecciones), rubricado por el anterior director de Rexeneración Urbana, el que exime de responsabilidad a los políticos que refrendaron la licencia a propuesta de los técnicos. Fuentes de Marea responden a sus sucesores que dicho dictamen se trata de un informe preliminar, "no necesariamente vinculante y que, en todo caso, señala algunas responsabilidades que el Gobierno del PSOE deja a cero".

En el listado de políticos que intervinieron en las autorizaciones para la construcción del edificio de Fernando Macías, figuran los tres concejales miembros de la junta de gobierno que votaron a favor de conceder la licencia a Fadesa -Javier Losada (que sustituía a Francisco Vázquez, ausente), Carmen Marón y Marián Ferreiro-, además de Salvador Fernández Moreda, responsable de Urbanismo, que avaló el inicio de las obras y dio el visto bueno al acuerdo de concesión de la licencia. En todos los casos, el informe del 22 de mayo de 2019 indica que todos tomaron las decisiones en base a informes de los técnicos municipales.

El documento del director de Rexeneración Urbana concluye que sí ha de examinarse la actuación de cuatro arquitectos, dos municipales y dos por parte de la constructora. En el caso de los dos municipales, uno de ellos informó favorablemente el proyecto básico que obtuvo la licencia anulada "a pesar de que el proyecto técnico infringía la normativa"; y el segundo informó favorablemente al proyecto de ejecución "sin advertir los incumplimientos de la normativa". El director de Rexeneración Urbana instaba también a solicitar un informe la Asesoría Jurídica Municipal "sobre las acciones a emprender contra terceros, en atención a lo previsto en el Protocolo de Buenas Prácticas Urbanísticas del Concello da Coruña".

Tras las elecciones municipales, el nuevo Gobierno retoma la investigación, que se retrasó por la pandemia. El procedimiento se ciñe a analizar las acciones de "las personas identificadas en el informe del Director de Rexeneración Urbana de fecha de 22 de mayo de 2019". Así, se centra en los dos arquitectos municipales (uno jubilado, el otro en otra Administración), que, como funcionarios, pueden ser objeto por ley de la posible acción de regreso. No consta ninguna acción paralela de otra naturaleza jurídica sobre los arquitectos de Fadesa. La propuesta de resolución tampoco cita instrucciones de la Asesoría Jurídica, como pedía el director de Rexeneración Urbana, y se resuelve dentro del propio departamento municipal.

El decreto de archivo del pasado 6 de agosto hecho público por este diario admite las alegaciones de los dos arquitectos municipales que intervinieron en la licencia y acepta que no fuesen responsables con "dolo, culpa o negligencia grave" de no comprobar que el proyecto se ajustase a la normativa. El decreto de archivo incluye también las conclusiones de un informe previo de abril de 2020, rubricado por el Servicio de Intervención en la Edificación y Disciplina Urbanística que, entre otras razones, considera que, respecto a que los arquitectos creyesen suficientemente justificadas por la constructora cuestiones que después se determinaron ilegales, como el número de plazas de aparcamiento o la propuesta arquitectónica de los patios interiores, hay que entender que fue "un proceso intelectual de criterio que no puede evaluarse al margen de la cotidianidad del contexto histórico y social en el que se produce, por lo que no se puede deducir que fuese fruto de una negligencia".

Argumenta también que "no parece proporcionado" atribuirles negligencia" debido a los problemas de interpretación "del conjunto normativo que resultaba de aplicación entonces y la dificultad intrínseca que se deriva de aplicar la normativa de habitabilidad junto con las normas contenidas en el planeamiento".

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