En Área Crítica, el local que Manuel Villaverde Domínguez tiene en el Orzán, la música no suena desde hace una temporada. En los últimos seis meses el empresario calcula que la verja ha permanecido echada "casi cinco", entre el confinamiento, las tentativas esporádicas y el último decreto de agosto en el que la Xunta ordenaba el cierre del ocio nocturno. Donde antes se reunían los vecinos para tomar una cerveza marinada con pentagramas, hoy pesa el silencio de la inactividad. Es por ello por lo que la sorpresa fue tan grande, cuenta el propietario, cuando encontró entre sus facturas el remite de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que le reclamaba el pago por los derechos de esas canciones que ya nadie escucha.

"Me siguen mandando los recibos, pero yo no los pagué porque no trabajé. En el estado de alarma hubo unos meses que no los enviaron, pero en el desconfinamiento abrí unos días y ya me mandaron los recibos", indica. Otro establecimiento de la zona, también cerrado y que prefiere no desvelar su identidad, asegura que las facturas de la institución "nos están llegando a todos". "Las cartas llegan como recibos de unos 100 euros, y les da igual en qué situación estés. Nosotros, desde enero, llevamos cinco meses cerrados", denuncia el dueño.

Desde la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña corroboran la situación que retratan los locales. Su presidente Héctor Cañete apunta que durante el estado de alarma la Federación Española de Hostelería llegó a un acuerdo con la SGAE para condonar los pagos de ese periodo, pero acabado el desconfinamiento las facturas "han empezado a llegar". Ahora, aquellos locales que están cerrados "tienen que contactar directamente con la SGAE y llegar a un pacto para que no les cobren", negociando "cada situación de forma individualizada". Las peticiones pueden cursarse a través de la Asociación de Hostelería, aunque Cañete admite que "algunos no están asociados y no se han enterado del protocolo".

Para Gus Pena, del pub Lion, la filosofía es la de "si cuela, cuela". "Nosotros desde que nos cerraron no mirábamos mucho las cuentas para no morirnos del susto. Pero al final vimos que nos habían pasado el recibo de agosto, cuando cerramos desde la primera semana. Se devolvió la factura y en teoría no nos la pasarán hasta que abramos, pero si no protestas...", dice. En marzo, cuando estalló la pandemia, la factura también se coló en su buzón, y tuvo que descolgar el teléfono de nuevo para lograr pagar solo la parte proporcional a los días que había funcionado. Es lo que desde la SGAE aseguran que están haciendo, ya que "todo el segundo trimestre del año no se le ha cobrado a nadie" y, ahora, "si alguien no está abierto no se le va a emitir factura".

El organismo asegura estar cobrando "en función del periodo que cada local ha permanecido abierto", y con una "bonificación del 15% dadas las circunstancias" para aquellos que estuvieran al corriente de sus pagos. Asegura que ha realiza un censo "rigurosos" de locales que han vuelto a la actividad y que, aunque en algún caso "pudo haber algún error", estos son "una minoría". "Los establecimientos pueden ponerse en contacto con nosotros y lo solucionamos. Otros pueden estar recibiendo recibos de meses anteriores al estado de alarma", indican fuentes de la compañía.

Cañete señala que la empresa "tiene derecho a cobrar", pero que se está mostrando "bastante receptiva". La situación, indica, lo requiere, ya que el sector hostelero de la ciudad se encuentra en un estado "límite". Tras un mes de restricciones especiales sobre el área coruñesa, que han reducido aforos, horarios y vuelto a vetar las barras, "la facturación se ha desplomado y hay muchos locales que no van a poder abrir". El representante de los hosteleros solicita que se levanten las medidas que están "destruyendo" el tejido de bares de la urbe, especialmente ahora que "no tienen sentido porque van a volver a abrir los colegios".

El responsable opina que la hostelería es la que está "aguantando todas las restricciones". No es difícil escuchar el término "demonizado" en boca de sus empresarios, que se encuentran, como reclama Villaverde, "sin ingresos y sin ayudas". La rentista de su local solo le puede perdonar unos cien euros al mes, ya que vive del alquiler que le dispensa Área Crítica. Apenas suponen un respiro si llegan los "150 euros" de la SGAE, a los que no puede hacer frente porque no tiene "ni un duro".

En tales circunstancias, incluso las subvenciones pueden tener doble fondo. Le ocurre a Cristina Toba, del BâBâ Bar, cuyo abogado le advierte de que un cierre definitivo podría salirle caro. La propietaria teme tener que devolver el dinero percibido para cubrir el ERTE de su plantilla, ya que la ayuda implicaba el compromiso de mantener los empleos durante seis meses tras haber abierto. No ha vuelto a funcionar desde marzo, y se plantea no hacerlo de forma definitiva. "La situación es dramática, y aún encima echar la cortina es carísimo. Estoy metida en una pesadilla gore y no salgo de ella", lamenta la dueña.