La alcaldesa, Inés Rey, aclaró ayer que el cierre de la investigación administrativa por las posibles responsabilidades derivadas de la reforma ilegal del edificio Fenosa se debe a "informes técnicos", que determinan que no hubo dolo, culpa o negligencia grave.

Rey, además, señala al anterior Ejecutivo local. "Habrá que preguntar, en cuanto a la responsabilidad política, a quien firmó el 22 de mayo de 2019 que no había responsabilidades políticas. Concretamente fue el Gobierno de Marea", sentenció. Fuentes del ahora grupo de la oposición apuntan que ese documento es un informe preliminar "no necesariamente vinculante y que, en todo caso, señala algunas responsabilidades que el Gobierno del PSOE deja a cero".

La alcaldesa defiende que "lo que hace" su Ejecutivo es, "en febrero de 2020 entablar esa acción de regreso para darle trámite de audiencia". Se trata de un procedimiento encaminado a determinar si algún actor político o técnico actuó con dolo o negligencia grave y tiene que responder con su patrimonio al gasto del erario derivado de sus decisiones. Su archivo fue firmado seis meses después, tras aceptar las alegaciones de dos afectados, responsables de dar el visto bueno al proyecto en 1997. "Es otro técnico el que firma ese informe en el que entiende que no existe dolo ni culpa susceptible de generar responsabilidades. Como en todos los procedimientos, respeto absolutamente las decisiones que se toman", declara.

La causa se cierra, de esta manera, sin responsables y con un coste para las arcas municipales de 2,97 millones de euros para el denunciante y las compensaciones al casi centenar de propietarios de entre 9.000 y 12.000 euros. Inés Rey es consciente del "perjuicio" que esto supone, pero reconoce que "afortunadamente, con el acuerdo, al que se llegó también con el Gobierno anterior, se solucionó y puso fin a un asunto que duraba muchos años".

Los grupos municipales de Marea Atlántica y el BNG no están de acuerdo con que el Gobierno del PSOE asuma esta resolución por tratarse de una decisión técnica. Marea y el PP pedirán acceso al expediente para analizarlo con detalle, mientras que los nacionalistas esperan que el cierre de la investigación no suponga una recuperación "de la política urbanística del pasado".