La plataforma Xustiza para Diego se concentró ayer a las puertas de la Delegación del Gobierno para exigir la continuación de las investigaciones sobre el coruñés tiroteado por la policía filipina. Familiares y amigos de Diego Bello protestaron con pancartas frente al inmueble, al que accedieron luego para presentar un escrito en el que instan al Ejecutivo estatal "a que llame a consultas al embajador de Filipinas en España para pedir explicaciones".
La solicitud se apoya en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la República de Filipinas, que concluye que el coruñés murió por disparos hechos "deliberadamente" por los agentes. "El Gobierno tiene que ponerse serio. Ante una violación de los derechos humanos no se puede no hacer nada, hay que pedirle a Filipinas que detenga a los asesinos y los lleve a juicio", reclama el tío del fallecido y portavoz de la plataforma, Francisco Lafuente.
El familiar afirma que cuenta con el apoyo de Concello y Xunta, pero que es el Ejecutivo central el que tiene poder para "presionar" al país en el que acontecieron los hechos. "No puede permitir este trato con un ciudadano español. Somos un país democrático y no podemos permitir a un país con el que mantenemos relaciones diplomáticas actitudes propias de una dictadura policial", señala el escrito presentado.
Ayer se cumplieron ocho meses del suceso, que tuvo lugar en una operación en el domicilio de Bello en la localidad de General Luna, en Siargao. La Policía lo mató en un tiroteo aludiendo que era sospechoso de tráfico de drogas, algo que rechaza el informe. La plataforma asegura que "nunca presentaron ninguna prueba", y pide "que el tema siga vivo y se limpie el honor de su nombre". El pasado agosto, la familia trasladó sus solicitudes al Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de una reunión con el director general de españoles en el exterior.
