La Fiscalía de A Coruña solicita pena de diez años y ocho meses de prisión para el autor de una doble agresión en mayo de 2016 en la zona del Orzán, una de las cuales dejó graves secuelas a la víctima, quien precisa de una silla de ruedas para moverse y de cuidados de terceras personas. El caso será juzgado mañana en la sección primera de la Audiencia Provincial.
El acusado, que no tiene antecedentes penales, propinó sendos puñetazos en la cabeza a dos hombres con los que inició una discusión en la inmediaciones de la calle Socorro sobre las 2.50 horas del 20 de mayo de 2016. El escrito de la Fiscalía detalla que a consecuencia de las agresiones uno de los heridos, que cayó al suelo, tuvo que ser atendido por golpes y contusiones en los labios, la cara, la cabeza y la espalda.
Las heridas de la otra víctima, que también se fue al suelo y quedó inconsciente, fueron más graves: fracturas y contusiones hemorrágicas cerebelosas que motivaron una intervención quirúrgica en el cráneo. De estos daños, que le dejaron dos cicatrices de 9 y 30 centímetros en la cabeza, tardó 560 días en curar, permaneció hospitalizado casi tres meses y quedó imposibilitado para sus ocupaciones durante más de un año y tres meses. La Xunta le ha reconocido un grado de discapacidad del 80% y necesita de asistencia de terceros.
El Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de 20 meses de prisión por un delito de lesiones sufrido por la primera víctima y otra de nueve años de cárcel por otro delito de lesiones graves en el caso del segundo, quien durante diez años no podría comunicarse con el agredido ni acercarse a él a menos de 100 metros. Por la responsabilidad civil de los hechos, el fiscal propone una indemnización de 644 euros para el primer hombre agredido y otra de 351.000 euros para el segundo, al que se le añadiría una cantidad concretada por los ingresos que dejó de percibir por su incapacidad.
La Audiencia de A Coruña juzgará además esta semana dos delitos de estafa. El fiscal pide tres años de prisión para el acusado de aprovecharse de una persona de avanzada edad a la que conocía por mantener una relación de amistad con su familia con el objeto de obtener de ella un poder general que le facultaba para disponer de todos los bienes en su nombre. El presunto autor de un delito de estafa vendió en 2015, sin el consentimiento de la víctima, dos inmuebles de su propiedad, uno de ellos su vivienda habitual y ambos ubicados en A Coruña.
La otra presunta estafa implica a cuatro integrantes de una trama acusados de obtener beneficio patrimonial propio de personas de edad avanzada o con limitaciones en su capacidad intelectiva o volitiva, a quienes les solicitaban dinero simulando padecer enfermedades graves o en contraprestación o pago de favores. Según recoge el escrito del fiscal, entre agosto de 2014 y mayo de 2016, los acusados lograron que una persona, aquejada de una grave afectación intelectiva y volitiva, les proporcionase grandes cantidades de dinero con la excusa de que lo necesitaban para curar enfermedades, tratamientos médicos u operaciones, así como para pagos de alquiler o compra de inmuebles en Rumanía.
