Los equipos jurídicos del Estado y la Xunta acercaron ayer posturas en cuanto a la licitación del dragado de la ría de O Burgo. Según fuentes de la Consellería de Infraestruturas, los técnicos de Abogacía del Estado aceptaron el posicionamiento de la Xunta, de que es posible sacar a concurso la obra sin tener que suspender la actividad marisquera. Es un acuerdo técnico, por lo que, a pesar de que es un paso importante, porque esa decisión permite desbloquear la licitación, todavía es necesario que sea refrendado políticamente y, también, redactar los informes necesarios para que marisqueo y licitación puedan coexistir. El Ministerio para la Transición Ecológica no informó ayer sobre el resultado de esta cita.

La reunión entre los equipos jurídicos del Estado y de la Xunta se celebró ayer en Madrid con las condiciones que había puesto el Ministerio, es decir, que fuese una cita exclusivamente entre los equipos jurídicos y sin presencia de políticos, que era la petición inicial de la Xunta, ya que la razón que mantenía paralizada la licitación de la obra era meramente técnica.

El ministerio defendía que no podía sacar a concurso las obras mientras la Xunta mantuviese en vigor las concesiones de los mariscadores que trabajan en el estuario, ya que esta actuación requería que los terrenos estuviesen libres de cargas y a la entera disposición del ente estatal para evitar paralizaciones, porque si hay trabajadores con derechos concedidos en los terrenos en los que se va a actuar, podrían reclamar la suspensión de la regeneración. Para defender esta postura, el ministerio se basaba en un informe redactado por la Abogacía del Estado, tras analizar la ley de contratos públicos. La Xunta, sin embargo, alegaba que dejaría sin efecto los planes de explotación de los mariscadores cuando saliese a concurso la obra y nunca antes.

Fuentes de la Consellería de Infraestruturas explicaron ayer que ambos equipos jurídicos habían encontrado la fórmula legal para conjugar las dos posturas y que la licitación pueda salir adelante. En este caso, los plazos son importantes, ya que el proyecto cuenta con financiación europea, que procede de unos fondos que tienen fecha de caducidad y que requieren que se pueda justificar la inversión en 2021. Europa se hará cargo de l 80% de los aproximadamente 48 millones que costará la obra -la cifra puede ser menor, según las ofertadas presentadas-. La Declaración de Impacto Ambiental concedida al proyecto de regeneración cuenta también con un límite temporal, ya que su vigencia es de cinco años y, en menos de dos semanas, el 27 de septiembre, habrá consumido los tres primeros.

Tras este acuerdo de los servicios jurídicos de Estado y Xunta, queda todavía otro escollo que salvar: las indemnizaciones de los mariscadores como damnificados que serán por las obras, ya que, si bien se beneficiarán del dragado, mientras duren los trabajos -aproximadamente 23 meses, aunque pueden ser menos, dependiendo de las ofertas que presenten las empresas en el concurso- no podrán faenar, al menos, no tal y como lo habían estado haciendo hasta antes del dragado.

"Que alguien me explique qué sentido tiene paralizar la actividad del marisqueo mientras no se haga la licitación y adjudicación de la obra y mandar esas familias a casa esperando a que se inicie la ejecución. Es ilógico", sentenció ayer la conselleira do Mar, Rosa Quintana, cuando los equipos jurídicos estaban reunidos en Madrid intentando dar encaje legal a la propuesta de la Xunta.