El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestima el recurso de apelación presentado por el Concello en 2014, durante el mandato municipal del Partido Popular, contra el fallo de un juzgado coruñés que anuló el decreto del Gobierno local de 2013 mediante el que pretendía recuperar la antigua cárcel, propiedad del Estado.
El pleito había quedado suspendido a la espera de que el Supremo decidiese sobre la validez del convenio suscrito en 2005 entre el Ejecutivo local presidido por Francisco Vázquez y el Gobierno central, en el que se establecía el pago de 1,2 millones de euros para recuperar la prisión y la cesión de terrenos en As Lagoas para construir el Centro de Inserción Social.
El pronunciamiento del Supremo se produjo el pasado mayo con una resolución contraria al Concello, que argumentaba que la sentencia de la Audiencia Nacional que había declarado la validez del acuerdo había vulnerado las normas del proceso al haber estimado el recurso del Estado por un motivo no invocado por ninguna de las partes. El tribunal sentenció que "no cabe estimar que existiera indefensión ni que la Sala sentenciadora pudiera hacer un pronunciamiento diferente del ya efectuado", ya que esa decisión "llevaría a la situación de hacer una declaración que a ninguna de las partes beneficiaria".
A la vista de este fallo, el Superior de Galicia desestima ahora el recurso municipal sobre el acuerdo para la reversión de la cárcel por entender que sus argumentos “basados todos ellos en la invalidez del convenio, han de ser rechazados”. Contra esta sentencia cabe la posibilidad de presentar recurso ante el propio Supremo, pero se cierra una nueva puerta a la opción de que el Concello recupere de forma gratuita la antigua prisión.
El edificio permanece cerrado desde finales de 2018 tras advertir la Xunta de que se habían realizado obras no autorizadas en el edificio, con protección patrimonial, durante los seis meses en los que estuvo gestionado por el colectivo Proxecto Cárcere para la realización de actividades culturales y sociales.
