El plan general pudo haber protegido el edificio Citroën pero no lo hizo. De hecho, llegó a estar blindado en la versión inicial del documento. Pero el Gobierno del Partido Popular, en 2012, lo retiró del catálogo de elementos protegidos. Fue el único edificio que desapareció de la lista. Lo hizo después de una alegación de los propietarios del inmueble de la avenida de Oza y lo hizo en contra de la opinión del equipo redactor liderado por Joan Busquets. Un mes después, en septiembre, el Ejecutivo concedía primera licencia de demolición. En 2016, durante el Gobierno de Marea, los dueños pidieron otra autorización de derribo seis días después de declararse la primera caducada, que fue otorgada. El Superior ratifica ahora este permiso, concedido sin informes en contra, aunque el mismo departamento de Rexeneración Urbana hubiese iniciado gestiones paralelamente para preservarlo a través de la ampliación del catálogo del plan general, que aún no se ha sometido a aprobación provisional.

El Gobierno de Carlos Negreira retiró la protección que se le había otorgado en la aprobación inicial del PGOM de 2009, lo que abrió la puerta al derribo. Los técnicos dirigidos por Joan Busquets habían desestimado la alegación presentada por el propietario del inmueble que acogió el concesionario de Citroën en la avenida del General Sanjurjo, Luis Rodríguez Carballido, pero el Gobierno municipal apoyó posteriormente su reclamación. Fue el único elemento protegido que perdió esta condición una vez superado el proceso de exposición pública de la normativa urbanística.

El empresario, que echó el cierre al establecimiento en abril de 2012, argumentó en su alegación que el edificio, situado en el número 117 de la vía e inaugurado en 1966, fue incorporado al catálogo con un nivel de protección estructural "sin la debida justificación, con errores y con una ficha vacía de contenido". Había alegado que el edificio carecía "de interés arquitectónico alguno", por lo que la exigencia de conservación que le aplicaba la normativa urbanística derivaría "en una limitación singular indemnizable", lo que fue contestado por los redactores del plan con la incorporación al catálogo de todos los datos necesarios para justificar la protección que concedían al inmueble y que explicaban el rechazo a la admisión de la alegación.

Un mes después de la aprobación provisional del plan general, ya sin el edificio Citroën en sus páginas, se le concedía la licencia de derribo, que se declaró caducada en 2016. Seis días después, se presentaba una nueva petición de permiso, que un área de Rexeneración Urbana concedió. El Gobierno de Marea intentó anular su propia decisión para incluirla en una ampliación de catálogo aún en trámite pero ya era tarde.

La jueza de primera instancia censuró que el Concello pretendiese "proteger y demoler simultáneamente el edificio" en una sentencia que acaba de ser ratificada por el Tribunal Superior, con un fallo el 10 de julio adelantado por este diario. El Superior tumba el argumento del Ayuntamiento de que la suspensión de licencias (incluidas las de derribo) que aprobó el Gobierno municipal para incluir el inmueble en el catálogo de protección, y que caduca en noviembre, invalidaba la autorización previa concedida por silencio a los propietarios para poder demolerlo.

El Gobierno actual no ha recurrido en casación la sentencia pero el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, señala que se buscarán las alternativas jurídicas que aún queden para intentar evitar que desaparezca. Señala que primero se pondrán en contacto con la propiedad para ver si tienen intención de tirarlo.