29 de septiembre de 2020
29.09.2020
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El Superior rechaza que se dé licencia para reconstruir tres edificios de Cuatro Caminos

Desestima el recurso del promotor contra la negativa del Concello y de Patrimonio, que apreció que las cubiertas, balcones y galerías no respetan el diseño original de los inmuebles

29.09.2020 | 00:44
Los tres edificios cuya reconstrucción pretende Grupo de Empresas Marte, en el centro de la imagen, tomada ayer.

El proyecto presentado por Grupo de Empresas Marte para la reconstrucción de los edificios 98,100 y 102 de la avenida Fernández Latorre, situados en la plaza de Cuatro Caminos, no podrá llevarse a cabo según la solicitud de licencia presentada en 2012, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 que había desestimado las pretensiones de la promotora. El Concello se opuso en 2018 a conceder el permiso de obras tras emitir la Dirección Xeral de Patrimonio un informe en el que se mencionaba que los planes de la empresa "rompen con la configuración de las cubiertas de los edificios originales" y que los balcones y galerías "presentan mayor volumen respecto del original".

Ese organismo autonómico rechazó hasta en cuatro ocasiones los proyectos presentados por la promotora al considerar que infringían la normativa sobre conservación de edificios protegidos, ya que los tres inmuebles, dos de los cuales fueron demolidos, tenían con fachadas de galerías de madera cuya recuperación se exige en la reconstrucción proyectada.

El Superior de Galicia rechaza la petición de la empresa de que se mantenga la vigencia de la autorización favorable que el Concello le aprobó el 8 de noviembre de 2013 al entender que lo fue "para la propuesta de 1 de agosto de 2013", a la que considera "diferente" de la que se presentó solo dos días después y que es la que fue luego denegada por el Gobierno local. "Por consecuencia, son distintas solicitudes, y aquella que es informada favorablemente por Patrimonio, no es la última presentada, que no es autorizada. No contando con autorización, no puede otorgarse la licencia", explica el tribunal en su sentencia, que solo puede recurrirse ante el Supremo por la vía de la casación.

El alto tribunal gallego recuerda que tras negarse Patrimonio a conceder su autorización a este proyecto, el Concello "no puede sino denegar la licencia", y que además no cabe la posibilidad sugerida por la empresa de que el expediente municipal regrese a la situación en la que se encontraba en 2015 para que se corrijan las deficiencias apreciadas, ya que señala que no consta que se hubieran introducido en el documento elaborado por la promotora.

El Superior entiende que la empresa cumplió los sucesivos requerimientos que se le hicieron para modificar su propuesta original, entre ellos los motivados por la aprobación del nuevo plan general de urbanismo, "pero una vez que Patrimonio deniega la autorización, se decide volver a la inicial solicitud de licencia". Según el tribunal, "los sucesivos proyectos fueron presentados voluntariamente por la interesada en sustitución de anteriores solicitudes, y lo que procede es resolver la última, no siendo posible, una vez denegada, volver a la inicial solicitud", ya además supondría "aplicar un planeamiento que ya no está en vigor".

También rechaza la sentencia el argumento de la promotora de que al haberse iniciado la demolición, tenga que darse por otorgada la licencia de las obras de construcción. Otro argumento rebatido por el fallo judicial es que pudieran concederse el permiso municipal por silencio administrativo, ya que advierte de que no podrá otorgarse nunca en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico.

A esto añade que la licencia no podía ser admitida tras haber entrado en vigor en agosto de 2013 el nuevo plan general, puesto que el proyecto no se ajustaba a sus disposiciones. La compañía intentó que se le aplicara la normativa urbanística de 1998, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ya le advirtió en su sentencia que una vez que estuviera construido, el nuevo inmueble habría quedado de forma automática en situación de fuera de ordenación.

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