La asociación de vecinos de Labañou ha hecho públicas las alegaciones que presentará, junto con otras entidades afectadas por As Percebeiras, contra el desarrollo del polígono en este terreno que, si bien es de propiedad privada, creen que todavía pueden salvar de sus "mamotretos". En unos quince días, cuando todas las entidades a las que han enviado el documento digan si se adhieren o no a él, lo presentarán a la Consellería de Medio Ambiente para intentar parar la construcción proyectada de doce bloques de viviendas en esta zona desde la que se ve la Torre. El proyecto, promovido por Metrovacesa, tiene el visto bueno inicial del Ayuntamiento.
En sus alegaciones, la asociación de vecinos hace hincapié en que no es necesaria la construcción de vivienda en este enclave de la ciudad, pero sí que lo es que se pueda habilitar un espacio verde para uso y disfrute de los residentes en Labañou, para que este área pueda ser "un campo de juegos para los niños". Considera que el Concello cuenta con herramientas y argumentos suficientes para frenar este desarrollo sin tener que indemnizar a los propietarios, como, por ejemplo, permutar la edificabilidad de As Percebeiras en Xuxán -nueva denominación del ofimático-, expropiar el suelo o llegar a un acuerdo con la promotora.
El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, sin embargo, defiende el desbloqueo del proyecto, que prevé la construcción de unas 370 viviendas, para dotar de servicios al barrio, también para ampliar el parque de pisos de precio protegido en la ciudad y porque abrirá la puerta a la construcción de una zona verde aparejada al polígono de As Percebeiras.
Los vecinos tienen una visión diferente sobre el proyecto, ya que creen que estos doce bloques harán "una pantalla" y alterarán las vistas tanto desde Labañou hacia la Torre de Hércules como del monumento hacia el barrio. Y es que, sobre el papel, solo en 24 metros cuadrados se podría ver el faro romano. Denuncian además que rompería la estética del barrio. "El grupo de viviendas María Pita, cuenta con tres alturas más planta baja, meter ahí edificios de trece alturas más planta baja se alejaría mucho de la escala del barrio original y crearía una pantalla en la zona de Labañou. No es importante porque le pueda dar sombra o quitar las vistas sino porque está protegido por distintas leyes de aplicación directa que predominan sobre el plan general", comentó ayer el portavoz de la asociación vecinal, Pablo Leira. Defiende que, sobre el plan general, prevalecen la ley de paisaje, la de suelo o la de ordenación del litoral.
Contra el proyecto, alegan también que estas construcciones afectarían a la movilidad, ya que aumentaría "muchísimo el tráfico en la avenida de Labañou y en el paseo marítimo" y que eso va en contra de los objetivos que se marcó la ciudad de recuperar espacios para los peatones y para la bicicleta, y cuya necesidad se incrementó tras la irrupción de la pandemia y con la obligación de mantener la distancia de seguridad entre los vecinos cuando están en la calle.
"No se estudia el transporte público cuando es evidente que mil personas más en el barrio van a tener sus consecuencias y no se habla de cómo podrían cambiar las líneas de bus. A pesar de las casi 400 viviendas, solo se aumentarían en superficie 62 plazas de aparcamiento", relató ayer Leira, que incide en que empeoraría "el problema" que ya tiene el barrio de estacionamiento de vehículos.
Estas alegaciones tienen en cuenta también la importancia de la fauna y la flora de la zona, "que es un paso natural" entre la ciudad y las islas de San Pedro y la Torre.
Los afectados le han pasado a todos los grupos municipales sus alegaciones para que puedan discutirlas en el Pleno. En esta moción solicitan que se "suspendan facultativamente las licencias en esta parcela mientras se estudia un cambio parcial en el plan general para que este terreno acabe siendo para espacio verde", recordó Leira.
Los vecinos consideran que, al haber caducado el plazo de cuatro años para desarrollar los planes especiales de suelo urbano no consolidado, como en este caso, que se hizo al quinto año, tras la aprobación del plan general, el Concello no tendría que indemnizar a los propietarios del terreno.
