El Tribunal de Cuentas ha fijado para el jueves 5 de noviembre la celebración de la audiencia previa sobre la causa contra el presidente y un alto cargo de la Autoridad Portuaria, a los que reclamaría 544.000 euros -690.000 euros con intereses- en el juicio contable si se confirma que existieron "perjuicios ocasionados a los caudales públicos" por una serie de pagos de facturas por la obra del puerto exterior.

La Fiscalía del órgano contable decidió presentar demanda contra el presidente del Puerto coruñés, Enrique Losada, y el director de Infraestructuras Fernando Noya, al entender que son "responsables directos" del pago de facturas que no se debían de haber abonado entre 2008 y 2011. Quien firmaba esas certificaciones de obra era el propio Noya, razón por la que reclama a ambos el abono de 213.435 euros. El contrato fue firmado en el año 2007 por el anterior presidente del Puerto, Macario Fernández-Alonso, quien posteriormente podría tener que afrontar también su responsabilidad en este caso, aunque Cuentas dedica ahora su acción contra Losada por mantener los pagos a la empresa desde que se hizo cargo de la presidencia en 2009 y hasta diciembre de 2011.

El presidente del Puerto, Enrique Losada, manifestó en junio del año pasado que es "terriblemente injusto" que se le señale en esta cuestión porque el centro de la instrucción fue un contrato que se firmó antes de que él asumiese la presidencia. Pero el proceso continuó después de que la Fiscalía del órgano estatal decidiese adherirse a la demanda del exconcejal José Antonio Sánchez Penas tras conocerse el resultado de la investigación. El Ministerio fiscal cree que, como posibles "responsables directos", deben ser condenados a reintegrar la cantidad que, según la investigación, recibió irregularmente una contrata de punta Langosteira. Las supuestas irregularidades fueron descubiertas durante la fiscalización de las obras del puerto exterior entre 2012 y 2014. La instructora nombrada detectó varias anomalías pero la Sección de Enjuiciamiento redujo el procedimiento a esta cuestión. Este organismo admitió a trámite, hace un año, la demanda del Ministerio fiscal, que se suma a la demanda particular presentada por el exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas, que señaló en exclusiva al presidente portuario. La Abogacía del Estado, en representación de Puertos del Estado y de la propia Autoridad Portuaria, renunció a formar parte de la demanda por no ver vulnerados los intereses de ambos entes. Sí solicitó estar personada.

Ahora, para que haya responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas tiene que considerar probado que Enrique Losada, nombrado hace diez años por el Gobierno de la Xunta con el PP, y Fernando Noya, además de causar menoscabo en las arcas públicas, actuaron con dolo, culpa o negligencia graves.

Una vez tomada una decisión, arrancaría la ejecución de la sentencia. Si se condena a los responsables portuarios a abonar los 213.000 euros reclamados, este organismo les ofrecerá un plazo para el ingreso de la cuantía aunque ya contará en ese momento con unas garantías aportadas o bienes embargados de ambos.

La consejera del Tribunal de Cuentas ya rechazó la petición de la defensa, que pretendía que se rebajase a 168.300 euros, esto es, a la cantidad que estableció la investigación del caso antes de pasar a la Sección de Enjuiciamiento.