La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha constituido este lunes al jurado popular que dirimirá la culpabilidad de un acusado de agredir a su expareja, cuya declaración se encuentra pendiente de la realización de una prueba PCR.

Está previsto que mañana declare el sospechoso, para quien la Fiscalía pide siete años y nueve meses de cárcel, por supuestamente romper la cerradura de la puerta de la vivienda de su expareja y acceder a su interior para agredir a la mujer y amenazarla con un cuchillo.

Sin embargo, si en la jornada del martes la prueba es positiva o todavía no se tiene el resultado, el abogado de la defensa solicitará la suspensión del juicio, ya que el acusado no podría declarar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de junio de 2018, cuando el hombre, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, tras mantener una discusión telefónica con su expareja, se personó en su domicilio, situado en el partido judicial de Ferrol.

Ante la negativa de la mujer a abrirle la puerta, apunta la Fiscalía en su escrito de calificación, el varón "propinó una fuerte patada fracturando la cerradura y logrando acceder al interior", donde "cogió un cuchillo, se lo aproximó" al tiempo que la insultaba y la amenazaba diciendo que "la iba a matar y que aunque fuera al calabozo saldría en unos días".

Además, el Ministerio Público narra que el encausado, con "intención de atentar contra la integridad física" de su expareja, llegó a "agarrarla en dos ocasiones por el cuello" y la empujó "violentamente" contra una puerta causándole lesiones en la cara.

Para el fiscal, los hechos descritos son constitutivos de un delito de allanamiento de morada, otro de amenazas no condicionales y un tercero de lesiones agravadas, cometidas sobre una mujer con la que tuvo una relación de afectividad, por lo que entiende que concurre la circunstancia agravante de parentesco.

Por tales ilícitos, el Ministerio Público demanda para el sospechoso una pena de siete años y nueve meses de cárcel; así como el pago de 636 euros de indemnización a la víctima y de 402 euros al Servicio Gallego de Salud.

Por su parte, la acusación particular solicita la misma pena de cárcel, pero reclama una indemnización para la mujer de 1.500 euros por "daños psicológicos".

Mientras, el letrado de la defensa solicita la libre absolución de su patrocinado al negar los hechos.