La controversia jurídica surgida con la licencia de construcción del solar número 13 de la calle San Andrés y la demora de los propietarios del terreno para poner en marcha este proyecto tiene unos afectados directos, ya que los habitantes del edificio contiguo, el número 11 padecen desde hace más de diez años las consecuencias de la inexistencia del antiguo inmueble. Al quedar las medianeras expuestas a las inclemencias atmosféricas, las viviendas se ven dañadas por humedades que son claramente visibles en las paredes, según denuncian los vecinos, que ya han recurrido a los tribunales para intentar solucionar este problema.

Carlos Sánchez, cuyos padres residen en el inmueble, recuerda que se construyó en 2004 y que al año siguiente se derribó el contiguo, en cuyo solar el abandono hizo que se acumulara la suciedad y aparecieran ratas. La fachada estuvo además oculta por un andamio durante años hasta que los habitantes del edificio vecino consiguieron con sus denuncias que se retirase.

Pero al poco tiempo de que se derribase el antiguo inmueble comenzaron los problemas en el que estaba adosado a él. "El zócalo está combado y las paredes humedecidas, con desconchados y burbujas grandes", explica Carlos Sánchez, quien detalla que tras la denuncia presentada por los vecinos, en 2009 el promotor se anticipó a que el juzgado adoptara una resolución y cubrió la medianera con poliuretano proyectado.

Esta solución eliminó humedad en principio, pero tras deteriorarse ese material con el paso del tiempo, "los problemas de humedad ahora son peores", según Sánchez, ya que son cinco las viviendas afectadas por ese lateral, mientras que por la parte trasera del inmueble hay otras que empiezan a estarlo, por lo que los afectados realizaron nuevas gestiones con Ayuntamiento, al que pidieron toda la documentación existente sobre el proyecto presentado para ese solar.

Según los vecinos, que ya presentaron una nueva denuncia en el juzgado para poner fin a esta situación, el promotor argumenta que la propiedad del solar es de una comunidad de bienes cuyos integrantes no se ponen de acuerdo acerca de los trabajos que son necesarios para resolver el problema.

El caso del solar del número 13 de San Andrés se encuentra ahora pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la caducidad de la licencia para construir que fue declarada por el Concello en 2016. Los promotores recibieron permiso para rehabilitar y ampliar el edificio en 2009, aunque se modificó y ratificó en 2010. Para poder desescombrar el interior, se desmontó la fachada, en la que estaban protegidas la galería, las ventanas balconeras y sus recercados. Para tomar la decisión de retirarle la licencia, el Concello inició en 2015 un expediente que señalaba que hasta entonces no se habían iniciado las obras, aunque tras declararse la caducidad, los propietarios la recurrieron argumentando que le habían solicitado que les confirmase el acta de replanteo, trámite que la administración municipal efectuó pero que no les comunicó.

Esta decisión del Concello obligaría a los promotores a solicitar una nueva licencia, pero según la normativa del nuevo plan de protección de la Ciudad Vieja y la Pescadería, que limita más las posibilidades de construir que el de 1998, con respecto al cual se concedió el primer permiso.

A pesar de admitir que no se les notificó la confirmación del acta de replanteo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideró que no había razón para que la empresa no iniciara los trabajos antes del plazo de seis meses que tenía para hacerlo, en plena crisis del sector inmobiliario. Pero el Supremo admitió el recurso de casación planteado por los propietarios, por lo que el Alto Tribunal determinará si el plazo para declarar la caducidad de una licencia empieza cuando se notifica el acta de replanteo o si esta se puede considerar confirmada por silencio administrativo, de forma que el periodo se iniciaría con la aprobación de la licencia por la Junta de Gobierno Local.