13 de octubre de 2020
13.10.2020
La Opinión de A Coruña

Armas de transparencia limitadas en el caso Someso

La Valedora recuerda que no puede sancionar al Concello por negar datos a un particular pero lo incluirá en su informe al Parlamento

13.10.2020 | 00:42
Fernández Galiño.

La Comisión de Transferencia de Galicia, presidida por la Valedora do Pobo, había emitido en noviembre de 2019 una resolución que instaba al Concello de A Coruña a responder a una petición ciudadana de información acerca de qué autoridades y funcionarios figuran en el expediente de revisión de oficio de los acuerdos de Someso, necesaria para la posible reclamación de responsabilidades contables por la gestión del polígono. El Ayuntamiento no llegó a completar la exigencia por lo que el reclamante volvió a acudir al órgano autonómico . En una resolución a la que ha tenido acceso a este periódico, la Valedora reconoce que, si la administración decide no hacer caso a su requerimiento, no hay armas legales para que sea sancionada. En vista de la actuación municipal, ha remitido otro oficio al Concello para que "facilite la información necesaria" para dar a conocer este caso en el informe que entrega anualmente al Parlamento.

"La administración afectada tiene la obligación de cumplir la resolución en sus propios términos y notificarlo a esta comisión", recuerda la Valedora, María Dolores Fernández Galiño, en un escrito firmado el pasado 2 de octubre, en el que añade que, "sin embargo", la Ley 1/2016 de Transparencia y Buen Gobierno "carece de una regulación frente a las consecuencias desfavorables derivadas de los incumplimientos de normativa o de la falta de ejecución de las resoluciones emitidas". Señala que, en todo caso, el procedimiento de transparencia en torno a desarrollo urbanístico, que generó indemnizaciones por 20 millones de euros a las arcas municipales coruñesas, será hecho público en el seno del Parlamento gallego.

Hasta diciembre del pasado año, el Concello coruñés se había negado a facilitar la información de funcionarios o técnicos alegando que debía proteger los datos personales de los afectados y "evitar posibles perjuicios para la investigación en curso". Tras la orden de la Valedora, el Concello informó de que había enviado un escrito, con fecha del 10 de diciembre, en el que se le explicaba que se le había dado "trámite de audiencia a las autoridades y funcionarios identificados" por si querían oponerse a la comunicación de sus nombres y su participación en el procedimiento urbanístico. A partir de ese momento, el ciudadano señala que no recibió ninguna información más por parte del Ayuntamiento, lo que generó una nueva reclamación.

El proceso se inició cuando el exconcejal socialista José Antonio Sánchez pidió al concello los nombres de los responsables del expediente, encargado a funcionarios municipales designados por la directora de Urbanismo y que debe revisar "una serie de cuestiones relativas a la titularidad y situación física" de algunas parcelas del polígono, en palabras de la funcionaria. Cuando finalice este informe, que según señalaba el año pasado el Gobierno local, es "de gran complejidad técnica, por lo que no se puede indicar la fecha concreta de finalización", se trasladará al Consello Consultivo.

El Concello no respondió a la petición original de Sánchez, que fue denegada por silencio administrativo. El exedil recurrió posteriormente a la Comisión de Transparencia, que requirió al Ayuntamiento que justificase su negativa. La decisión de este órgano desestima los argumentos que esgrimió el Gobierno local para desechar la petición. Según señala, los datos identificativos del funcionariado "están sometidos al régimen general de acceso", por lo que con carácter general pueden suministrarse "sin que sea necesario el consentimiento de la persona afectada". Así, obliga al Concello a acceder a la petición, "previa audiencia con los titulares de los datos" para que puedan oponerse al acceso "en atención a circunstancias personales y extraordinarias".

Las parcelas de Someso se expropiaron para construir un campo de fútbol y una carretera, pero posteriormente el Gobierno local de Francisco Vázquez las recalificó y vendió a promotores inmobiliarios. Los propietarios originales de las parcelas recurrieron a los tribunales y ganaron varios juicios al Ayuntamiento. Las sentencias han generado indemnizaciones por más de veinte millones de euros a las arcas municipales.

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