La defensa de Ramón S.G., el hombre acusado de asesinar a su esposa en julio de 2018 en su domicilio de la calle de la Estrella, admite que le causó la muerte al degollarla con un cuchillo tras haberla sedado, pero que se trató de un caso de cooperación en el suicidio que pretendía cometer su mujer, delito por el que podría ser castigado con entre seis y diez años de cárcel, según mantuvo ayer en la primera sesión del juicio que se ve contra él en la Audiencia Provincial.

Para la Fiscalía, el reo es culpable de un delito de asesinato con alevosía y las agravantes de parentesco y género, por lo que solicita una pena de 25 años de prisión, mientras que la acusación particular, que representa a los tres hijos de la víctima procedentes de un matrimonio anterior, reclama la prisión permanente revisable al estimar que hubo ensañamiento, así como que la mujer sufría una discapacidad que la hacía "especialmente vulnerable". La Xunta está personada también en la causa al entender que se produjo un delito de violencia de género y pide también la prisión permanente o, subsidiariamente, veinte años de cárcel.

Aunque el escrito de la defensa planteaba la absolución del acusado al negar los hechos que se le imputaban, al hacer su exposición inicial en la vista el letrado José Ramón Sierra solicitó que sea "condenado por lo que ha hecho", en contraposición a los actos que las acusaciones le atribuyen. Sierra admitió que Ramón "cooperó" en la muerte de su mujer, María Judite Martins, de 57 años, pero negó que sea un "asesino confeso" como argumentó la fiscala, ya que aseguró que cuando fue detenido solo dijo que había ayudado a su mujer a morir.

"No tienen un móvil de asesinato", dijo el abogado defensor sobre las tesis de las acusaciones, ya que afirmó que el matrimonio tenía una buena relación y que el hombre es "carente de empatía pero no inestable emocionalmente", como dijo la acusación particular, a la que rebatió que se trate de una persona violenta mencionando que carece de antecedentes penales y policiales. También recordó que la víctima había intentado suicidarse una semana antes y que fue su marido quien avisó a los servicios de urgencias, cuando si deseaba acabar con su vida podía haber aprovechado esa ocasión.

Advirtió además que debe demostrarse que existió la planificación del crimen esgrimida por las acusaciones y que cuando la mujer fue tratada en la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Oza, fue ella quien insistió en ser tratada en su domicilio, cuando las acusaciones aseguran que fue el acusado quien lo hizo. Para la defensa, María Judite dijo "dejadme morir" a las personas que la auxiliaron en su intento de suicidio, y dejó escritos en los que mencionó su voluntad de morir, que atribuyó a que padecía "depresiones muy difíciles de soportar".

Según detalló, la mujer abandonó su trabajo en el local de hostelería "porque no quería seguir viviendo" y su marido dejó de trabajar para cuidarla. Negó que se hubiera producido ensañamiento porque la víctima murió de inmediato, así como que estuviera drogada cuando el hombre le cortó el cuello, ya que aseguró que la medicación que le dio su marido fue la dosis que le habían recetado, que según este letrado no le impedía oponer resistencia.

La fiscala, Rosa Serrano, interpretó la colocación de plásticos sobre la cama de la víctima antes de que le seccionara el cuello como una prueba de la premeditación del crimen, que explicó como una consecuencia de la "relación insostenible" que vivía la pareja por la pérdida del empleo por parte de la mujer, cuya depresión le habría hecho creer que padecía un cáncer terminal que la llevó a intentar suicidarse. Según explicó, esta situación generó "hastío y cansancio" al acusado, del que dijo que su actitud al causar la muerte a su mujer es "incompatible con un acto de piedad o amor. También destacó que el día anterior al crimen el hombre informó a los camareros del bar donde había trabajado su mujer que esta ya había fallecido y que tras quitarle la vida fue a dar un paseo y tardó dos horas en dar cuenta de los hechos.

El letrado de la acusación particular, Jorge Vila, culpó al carácter del hombre y a sus "notables infidelidades" de las depresiones de la víctima, así como de sus tentativas de suicidio. Según dijo, fue el marido quien le hizo creer que sufría un cáncer terminal y que él también estaba enfermo, así como que la convenció de que se suicidarían juntos en la ermita vasca de San Juan de Gaztelugatxe.

Carlos Agudín, quien representa a la Xunta como acusación en el proceso al apreciar la existencia de un delito de violencia de género, justificó la intervención de la administración autonómica por considerar que en estos casos "toda la sociedad está perjudicada".