Días atrás asistíamos atónitos a una confrontación político-institucional con motivo de la entrega de despachos a una promoción de la carrera judicial en la ciudad de Barcelona (en esta urbe se ubica desde hace 23 años la Escuela Judicial). Ha sido un triste espectáculo en el que nada más y nada menos que el Jefe del Estado ha dado, probablemente forzado, un paso atrás.

No seré yo quien escrute la causa y el acierto de tal decisión, aunque se pueda atisbar la primera y disentir de la segunda.

He tenido el honor de haber sido durante varios años coordinador territorial para Galicia de la Escuela Judicial, y también profesor-tutor de jueces en prácticas desde 2001 hasta la fecha. En el desempeño de estas labores he percibido ilusiones al tiempo que gestos, confidencias, inquietudes y un más que comprensible desasosiego ante una andadura profesional que se torna cada día más difícil, sobre todo, en determinadas zonas del territorio con un entorno claramente hostil.

Los acontecimientos referidos me reafirman en una idea que expuse en julio del pasado año 2019 ante el Consejo General del Poder Judicial, con su presidente don Carlos Lesmes al frente, y que ha tenido, he de confesarlo, nulo éxito, pese a la cortesía de los oyentes.

En su literalidad la exposición fue del tenor siguiente: "En los convulsos tiempos que se viven en Cataluña sería conveniente un cambio de la sede de la Escuela Judicial, y que mejor lugar que residenciarla en una de las comunidades históricas como es Galicia, y más concretamente en la ciudad de La Coruña, siendo como es aquélla posiblemente la única comunidad de las denominadas, con dudoso acierto, históricas, que mantiene un vínculo inquebrantable con el país. Estoy seguro de que tanto la nueva alcaldesa de la ciudad como también la Xunta pondrían todo de su parte en esta iniciativa, y es que ya lo hemos hecho. Con ocasión de la construcción de un nuevo edificio para sede judicial, dado el agotamiento de los existentes, y ante el estancamiento de la situación, sugerimos la idea de rehabilitar un edificio propiedad del Ayuntamiento que era la antigua Fábrica de Tabacos, inmueble que estaba en muy mal estado, se caía a pedazos y cuya restauración no podía acometer el Ayuntamiento, dado su coste. Era un edificio emblemático en la ciudad, y el patrimonio municipal más importante tras el Palacio de María Pita donde se ubica el Ayuntamiento. La iniciativa propuesta consistía en que el Ayuntamiento cediese el edificio y la Xunta lo rehabilitase. Tras largas negociaciones, conversaciones, cruces de correspondencia, de articular soluciones legales para la cesión y con los medios de comunicación de por medio, finalmente se consiguió algo que era impensable y sobre lo que se mostraba un escepticismo absoluto. La intermediación del Decanato, y la colaboración de ambas administraciones (municipal y autonómica, aun siendo de signo político contrario) consiguieron finalmente una "joya" que hoy luce esplendorosa como sede judicial de la Audiencia Provincial y Juzgados, y después de una inversión superior a los 20 millones de euros. Lo expongo porque el camino ya lo hemos ensayado. Se dispone de un edificio que es la antigua prisión provincial, en desuso hace muchos años y en un estado de deterioro progresivo. Este inmueble y el solar en el que se encuentra se hallan cara al océano, a unos cientos de metros de la emblemática Torre de Hércules y a diez minutos de la plaza donde se ubica el Ayuntamiento. ¡Qué paradoja que lo que en su día fue prisión ahora se transforme en escuela y residencia de jueces! En el mismo se podría albergar no solo la Escuela Judicial, sino que incluso puede erigirse una residencia para los propios alumnos. Sabido es que la carestía de la vivienda en Barcelona consume una parte relevante de los ingresos de los alumnos como jueces en prácticas.

(?) Siempre he mantenido que en ciudades de tamaño medio el modelo "ciudad de la justicia" no tiene sentido. Lo adecuado es mantener sedes en edificios singulares y que estén cercanos unos de los otros. Y así ha ocurrido en tanto en cuanto disponemos de tres edificios magníficos situados a poca distancia entre sí: la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la de la Audiencia Provincial, y el edificio de Nuevos Juzgados, este último referente de arquitectura y modernidad. A ello, uniríamos ahora la sede de la Escuela Judicial, y en un lugar céntrico y espectacular. Galicia se lo merece, se lo adeuda España, su carácter de comunidad histórica, la aportación de insignes juristas a la carrera judicial, su apego al país, la cortesía de sus gentes? Pasaríamos del noreste al noroeste, del Mediterráneo al Atlántico. Debemos reparar en que el aislamiento de la comunidad ha pasado a mejor vida. Disponemos de autovía hacia la meseta, de la autovía que recorre toda la cornisa cantábrica, en pocos meses estará en funcionamiento toda la línea de AVE La Coruña-Madrid, la red interna de autopistas y tren de alta velocidad conecta todas las ciudades de Galicia, y en fin, la comunidad dispone de hasta tres aeropuertos muy cercanos (La Coruña, Santiago y Vigo) que nos permiten conectarnos diariamente y de modo directo con las ciudades más importantes del país y de Europa. Y en fin, el clima ha mejorado muchísimo en las últimas décadas (leía recientemente en un periódico que a causa del cambio climático y de seguir así nos acercamos más al clima mediterráneo que al atlántico) y la gastronomía ni les cuento. Los gallegos somos afables y unos magníficos anfitriones, y en La Coruña reza el archiconocido lema de que "nadie es forastero". Galicia y La Coruña extenderían una alfombra roja a la iniciativa, a diferencia de otros que vierten estiércol ante las sedes judiciales. Podemos recordar, por ejemplo, que en Galicia y desde hace muchísimos años está instalada la Escuela Naval de Oficiales (en Marín, Pontevedra) y ahí sigue. De la escuela de verano del Poder Judicial, transitaríamos a la Escuela de todo el año. Es ambición, pero también realismo. Es un sueño que se puede hacer realidad a poco que nos pongamos a ello".

La administración titular del edificio (sea central o municipal) debe coadyuvar a hacer realidad este ambicioso y realista objetivo.

Galicia ha de abandonar su puesto en la segunda división institucional y recabar el respeto y consideración que merece por su lealtad, frente a otras actitudes territoriales, máxime en tiempos truculentos.

Ha llegado la hora de abandonar la estrategia de fustigar a los fieles y premiar a los insumisos, que además de enormemente injusta es inútil.

Es buen momento para citar a nuestro paisano y olvidado Wenceslao Fernández Flórez cuando decía: "Hay que creer en la justicia porque si no sería todo más triste aún".